Que nadie toque el bolsillo de los intocables

El criterio que ha prevalecido mayoritariamente en la Suprema Corte de Justicia con respecto a la aplicación del impuesto a la renta a los pasivos ha consagrado una de las peores y más flagrantes injusticias, al tiempo que significó un severo traspié para la política económica del gobierno. Se ha dinamitado la estructura tributaria ideada y puesta en práctica por el gobierno actual, el único en muchos decenios en atacar uno de los aspectos más cuestionados del Estado Uruguayo, cual es su sistema impositivo.

Desde el retorno a la normalidad institucional luego de 13 años de dictadura cívico-militar, se viene hablando –desde todas las tiendas políticas– de la imperiosa necesidad de modificar el sistema tributario por considerárselo obsoleto, injusto, ineficiente, engorroso y desestimulante para la inversión productiva. Sin embargo, ninguna de las cuatro administraciones que se sucedieron fue capaz de abordar el problema, de proponer alternativas racionales ni, mucho menos, de implantar un sistema mejor.

La reforma tributaria impulsada por el equipo económico y plasmada en ley significó un importantísimo paso adelante en esa área. Al tiempo que se proponía una mayor justicia tributaria (de modo de hacer realidad la consigna de que pague más el que tiene más), se intentaba una racionalización del sistema de modo de lograr mayor eficacia recaudadora; asimismo, se actuó con prudencia y mesura de manera tal que el nuevo sistema no suscitó mayores críticas desde los sectores empresariales.

Sin embargo, la oposición política encontró la forma de combatir el nuevo sistema: sacando de la manga un as impensado y muy traído de los pelos, adujo que el impuesto a la renta aplicado a los pasivos era inconstitucional, peregrina tesis que la mayoría de la Suprema Corte de Justicia hizo suya dando así un inesperado espaldarazo a la oposición y un golpe de mandoble a la política tributaria del gobierno.

Pero no nos interesa en este editorial abundar en consideraciones sobre el fallo ni sobre la endeblez de los argumentos de la mayoría de la SCJ; sobre el punto se han expedido con solidez connotados juristas, pulverizando la retorcida tesis triunfante en el máximo órgano del Poder Judicial. Nos interesa sí, resaltar el hecho de que por más declaraciones de solidaridad, ampulosos discursos a favor de la justicia social, enérgicas exhortaciones a observar valores cristianos, cuando los privilegiados ven amenazados sus privilegios, pelean con uñas y dientes para mantener el statu quo.

Coincidentemente con estos fallos judiciales que benefician a los menos infelices, asistimos en Argentina a un duro enfrentamiento de los productores rurales con el gobierno de Cristina Fernández. Al igual que obreros en conflicto, víctimas de la prepotencia patronal, los productores rurales argentinos organizan piquetes, cortan rutas y ponen en jaque al gobierno ambientando el resurgimiento de la peligrosa consigna “que se vayan todos”.

Es que esas minorías de privilegiados se vuelven muy combativas cuando se les toca el bolsillo. Están acostumbradas a que no se los toque, a que no se toque ni uno solo de sus privilegios; están acostumbradas a tener el poder, la sartén por el mango (y los mangos también). Se consideran intocables, y los gobiernos anteriores al actual se ocuparon cuidadosamente de respetar y abonar esa percepción que de sí mismos tienen los privilegiados.