El debate en el país del cambio

El debate sobre si es constitucional o no la aplicación del IRPF a las jubilaciones, que hay que darlo porque el país no se puede quedar sin recursos para hacer la vida más equitativa, no debe ocultar que el Uruguay, jurídicamente, no está preparado para tener políticas redistributivas.

En este cruce de opiniones los dirigentes de los partidos tradicionales se presentan como los propietarios del Derecho, con la intención de trasmitirle a la sociedad que son ellos y sólo ellos la esencia misma de la democracia. Lo que no dicen es que nuestra actual estructura jurídica es fruto de una larga historia y que ella expresa las ideas e intereses que responden a ciertas correlaciones de fuerzas que se han ido manifestando en nuestro Uruguay.

No debe sorprender a nadie que hoy haya una posible lectura del cuerpo jurídico vigente, que permita argumentar que la aplicación del IRPF es inconstitucional, porque el país no tiene una historia de legislar a favor de la redistribución de la riqueza.

A pesar de ello ha quedado demostrado que dentro de esa concepción retrógrada de nuestra legislación, hay también posibilidades de tener una interpretación progresista y positiva a favor de la redistribución de la riqueza, tal como lo hicieron los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia que declararon constitucional el IRPF a las jubilaciones.

Estamos, entonces, ante una gran confrontación con el modelo derechista de sociedad, donde no sólo se quiere meter la mano en el bolsillo del Estado, sino que se quiere convencer a los uruguayos de que no existe la posibilidad de pensar un país más justo y mucho más equitativo.

La izquierda tiene por delante una batalla multifacética, que es jurídica, que es política y que es ideológica y cultural. Es una batalla que ahora se expresa en la lucha por defender la constitucionalidad del IRPF, pero también es una batalla a mediano y largo plazo, para que los uruguayos se convenzan de que el país tiene que avanzar con profundidad en la construcción de una nueva legalidad.

Mientras ese cambio cultural e ideológico no se logre, van a seguir apareciendo palos en la rueda porque nuestro Estado de Derecho no está hecho para poder llevar adelante un programa de izquierda.

Quizá por razones políticas haya que derogar la aplicación del IRPF a todas las jubilaciones, pero también por razones de gran política el Frente Amplio tiene que dialogar con la población, demostrando que la dirigencia de las dos viejas colectividades políticas no presenta diferencias y que conjuga una misma filosofía de vida, contraria a todo lo que sea avanzar hacia una sociedad más justa.

Blancos y colorados están hoy unidos y golpeando juntos a la izquierda. Unidos como en 1971, cuando al finalizar la campaña electoral manifestaron juntos contra Seregni y el Frente Amplio. Unidos como cuando expulsaron a José Germán Araújo del Parlamento. Unidos como cuando votaron la Ley de Caducidad. Unidos ahora para impedir que Uruguay siga transitando el camino del progresismo.

Ante este bloque conservador, la izquierda no tiene otra alternativa que presentarse unida, con fuertes lazos con los trabajadores de la ciudad y del campo, las capas medias, la Universidad y la enseñanza.

Por eso el próximo Congreso del Pueblo no puede ser sólo un receptáculo de demandas, sino que fundamentalmente debe recoger el grito de la gente para ponerlo junto a este gobierno progresista que preside el doctor Tabaré Vázquez.