La construcción en estado de demolición

Según informamos ayer, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción dio a conocer cifras francamente preocupantes sobre la realidad del sector. Los números –implacables– son elocuentes: 310 millones de dólares menos de inversión y 18 mil puestos de trabajo perdidos en dos años; diez mil de ellos, correspondientes a la propia industria y ocho mil trabajadores de ramas de actividad indirectamente vinculadas con las obras. La conclusión obvia indica que la falta de inversión genera automáticamente desempleo.

Los dirigentes de la gremial empresarial achacan la crisis –la paralización de tan importante industria con sus dramáticas consecuencias sociales– a una indebida y excesiva presión fiscal. Sin ánimo de entrar a polemizar, entendemos que más allá de esa razón esgrimida por los empresarios, en este caso –así como en el resto del panorama de la actividad económica– está subyacente la brutal crisis estructural que padece el país. Una crisis que abarca a todos los sectores de la actividad económica; una crisis que sufren productores agropecuarios, industriales y comerciantes. Una crisis que, sin embargo, no afecta –todavía– al sistema financiero.

Cuando el mercado interno se reduce a unos pocos privilegiados que aún mantienen capacidad de consumo, es imposible que todos los bienes que se ofrecen sean adquiridos. El mercado inmobiliario se ha estancado. «Mal momento para vender», sostienen los operadores, al tiempo que agregan «Buen momento para comprar». El problema es que no hay quien compre. Y mientras no haya una reactivación del mercado interno, mientras no se recupere el poder adquisitivo de los salarios, la situación no podrá revertirse como por arte de magia. Porque además –y para colmo de males– todas las medidas tomadas para atraer a esos famosos inversores que son aguardados como los salvadores no dan los resultados esperados.

La política de vivienda de los últimos gobiernos parece limitarse a ofrecer soluciones de ínfima calidad a los habitantes de los asentamientos.

Atrás quedó el vigoroso impulso que el Plan Nacional de Vivienda dio, en su momento, a la industria de la construcción. Claro, eran tiempos en que todavía la sociedad uruguaya contaba con una pujante clase media hoy desaparecida. Ya desde hace unos años, la construcción se orientó hacia sectores de alto nivel, teniendo en cuenta que la clase media no está en condiciones de representar una demanda tentadora. Pero también aquí la oferta comenzó a superar a la demanda.

En definitiva, la situación de la construcción revela la realidad económico-social del Uruguay de hoy: una economía estancada y una sociedad fracturada. Y la respuesta gubernamental ni siquiera es una respuesta inadecuada o francamente mala; las autoridades no tienen una respuesta. Siguen esperando que la Providencia nos traiga a lo que es casi una entelequia: los famosos capitales que se invertirán en la reactivación.

Toda la acción gubernativa está dirigida hacia esa panacea, y mientras los inversores no aparecen, se destruye el trabajo nacional, se deprime hasta límites nunca vistos el mercado interno y se hipoteca el futuro del país.