La modernización agraria auspicia una nueva discusión social

Entre los temas emergentes de la dialéctica de los cambios aparecen aquellos promovidos por la extraordinaria modernización agraria. En esa perspectiva es necesario revisar los viejos saberes de las políticas sectoriales y de aquellas vinculadas a la colonización o la inclusión social. También a cómo se diferencian las medidas de política económica y sectorial que procuran mejorar las condiciones sociales y aquéllas específicamente vinculadas al combate a la pobreza y la marginación. Las relaciones de producción agrarias y sus vínculos con los cambios estructurales que se han venido produciendo en la sociedad uruguaya han sido tratados con dificultades en el pasado. Ahora cuando desde la base agraria del desarrollo exportador del país surgen algunas garantías de estabilidad y sustentabilidad que nos tranquilizan, parece oportuno aproximarse a algunos cambios de carácter irreversible que se están produciendo en el campo y sus vínculos extra sectoriales. Un poco más adelante, ellos serán incorporados a los textos de geografía y probablemente, los ciudadanos del futuro ya no salgan de la escuela con aquella visión bucólica, aburrida, excluyente desde la cual los uruguayos observamos y pensamos en el campo durante tanto tiempo.

La modernidad agraria actual se basa en una revalorización fenomenal de los activos, de la tierra principalmente, y el uso intensivo del capital que tal revalorización impone. La renta absoluta de la tierra ­viejo paradigma de la acumulación del excedente no reinvertible­ ha sido sustituida progresivamente por la renta diferencial, aquella derivada de la creación de valor real de una unidad agregada de inversión y su realización en el mercado. La renta absoluta producía pobreza y exclusión; era, vale recordarlo, un pilar básico del diagnóstico más corriente del subdesarrollo.

En aquel privilegio de la renta absoluta residía la razón de los problemas de oferta, de la incertidumbre económica y la miseria del Uruguay profundo. Sobre aquella plataforma de tierra barata, sostenida por un derecho de protección casi absoluto, que fundamentó el cierre de la propiedad a los estímulos y sanciones de un régimen de competencia responsable. El uso extensivo de la tierra barata clausuró la experimentación y la inversión de riesgo. Sobre aquel aislamiento del proteccionismo medieval se edificó el estancamiento y la postergación cultural del país. En la perpetuación de las viejas relaciones de producción se alimentó el conflicto campo­ciudad. Y allí abrevó también parte importante de una discusión nacional que recreó en las postrimerías del siglo XX, las dicotomías trágicas que enfrentaron a los orientales en el siglo XIX.

No tenemos aún indicadores capaces de permitirnos armar un nuevo mapa económico y social de la estructura agraria. Pero poseemos datos relevantes. El crecimiento ininterrumpido del producto no es un dato menor cuando se lo observa en un contexto de crisis e incertidumbres variadas. El crecimiento de la renta diferencial o del excedente por unidad de inversión agregada, se ha venido ubicando en parámetros comparables con los argentinos. En cualquiera de los rubros de producción, Uruguay es ahora un país que no necesita proteger su producción con transferencias y subsidios del resto de la sociedad. Esta realidad comprende ahora a todo el territorio y no se reduce a zonas de suelos o locación privilegiada. Aún más: esa «solvencia» agropecuaria comienza a urgir una modernización de las relaciones de producción industrial y comercial. En estas últimas permanecen opacidades, protección excesiva, propensión a cerrar corporativamente mercados en los cuales hay abusos reiterados de posiciones dominantes. La información y reflexión sobre esa nueva productividad agraria es motivante. Una nueva e interesante discusión nacional se va conformando a la vera de esa nueva productividad y sus implicancias superestructurales, aquellas que tocan los vínculos de hombres y mujeres con ese proceso. Esa discusión en marcha está llena de nuevos enfoques sobre la cohesión social; ella también reclama nuevas caracterizaciones y fundamentos de la defensa de la nacionalidad alejada ahora del determinismo geográfico absoluto de antaño.