EEUU cuestiona la soberanía de Venezuela sobre sus riquezas

El conflicto que creó la petrolera Exxon contra Venezuela ha generado en el país caribeño múltiples reacciones y derivaciones. Una de ellas es que los responsables de haber firmado un convenio petrolero desventajoso para el país están a punto de ser declarados traidores a la patria y puestos a disposición de la Justicia penal.

Si nos atenemos a los antecedentes inmediatos del conflicto, éste se origina en la reivindicación del Estado venezolano de la soberanía sobre la Faja del Orinoco, que durante el gobierno de Rafael Caldera fue entregada a las trasnacionales petroleras.

Exxon, que cuenta con el apoyo público del gobierno de EEUU, se negó a aceptar un acuerdo de participación minoritaria que el gobierno de Venezuela ofreció a las empresas que operaban en la Faja y que fuera aceptado por todas.

Cuando en 1951 Jacobo Arbenz en Guatemala inició un proceso de nacionalizaciones de tierras de la United Fruit, el gobierno de EEUU invadió el país. Cuando Fidel Castro en Cuba nacionalizó las propiedades de las trasnacionales de EEUU en la isla, EEUU intentó invadir y no le fue nada bien.

Estamos en otra época, el mundo y los entornos han cambiado. Venezuela nacionaliza en 2001 la Faja del Orinoco y EEUU reacciona en 2002 organizando una huelga general y golpe de Estado en el que se derroca por dos días a Hugo Chávez. Este movimiento, al igual que la invasión a Cuba, es derrotado por la lucha del pueblo venezolano. Pero el gigante del Norte nunca descansa y continuó desarrollando lo que denomina guerra de baja intensidad hasta que en 2007 apela a través de la petrolera (Bush es petrolero) texana (Bush es texano) Exxon, la mayor del mundo, a un artilugio legal con el que intenta desequilibrar a Venezuela. Ya en 2008 apela a otro recurso operando a través de Colombia, pero esa, si bien es la misma historia, está en el próximo capítulo.

Para poder entender el conflicto generado por Exxon y EEUU es conveniente conocer la historia desde un comienzo para no perdernos en el hoy, donde el predominio absoluto que tienen sobre los medios de comunicación en el mundo nos puede impedir ver el bosque.

La explotación del petróleo en Venezuela comienza en los inicios del siglo XX, estando en el gobierno el dictador Juan Vicente Gómez, a quien no se le ocurre nada mejor que otorgar todas las concesiones de explotación a compañías de EEUU. Naturalmente que sin contrapartidas.

Debemos llegar a 1946 para que un presidente constitucional, el general Isaías Medina, impulsara la primera Ley de Hidrocarburos con tibias regulaciones y controles a las empresas. Adivine lo sucedido: sí, acertó, lo derrocaron.

Es que el general se había pasado de rosca al disponer que por cada 100 dólares que facturaran las empresas, 40 fueran para el Estado, y para colmo instauró el Impuesto a la Renta (un tema que los uruguayos tenemos muy al rojo vivo y sabemos cuánto cuesta aceptarlo). Finalmente y para colmo, la Ley prohibía otorgar nuevas concesiones a las empresas multinacionales.

Cuando accede al poder Carlos Andrés Pérez, nacionaliza en 1975 los hidrocarburos por Ley, creándose Pdvsa. Sin embargo, en el Artículo 5 de la misma se permite el accionar de empresas extranjeras y se especifica una indemnización total sin evaluar ganancias, inversiones y/o daños al medio ambiente.

Durante su segunda presidencia, Rafael Caldera (comienza en 1994) impulsa lo que se llamó la Apertura Petrolera, que en definitiva no pasó de ser un novedoso y atractivo nombre para entregarle a las trasnacionales norteamericanas la Faja del Orinoco. Estas, pícaras, se habían preocupado por propagandear que lo que les estaban otorgando era una Faja Bituminosa, es decir, un producto casi «sin valor de mercado; no era petróleo, sino un deshecho, un producto menor». Estoy hablando de la misma Faja del Orinoco de la que hoy todos hablamos, en la que Uruguay tiene una porción de un pozo que nos va a asegurar el suministro de petróleo ( 15 % o 20% más barato), al igual que muchos países de la región y del mundo.

Al acceder Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, se aclara la confusa situación: hay petróleo y a mares.

Rápidamente se vota una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2001, en la cual se reivindica la propiedad del Estado sobre el subsuelo pero además se establece una limitación a la participación de la empresa privada en la explotación de hidrocarburos.

¿Cómo estaba la situación a partir de la Apertura Petrolera de Caldera? La Faja del Orinoco se había dividido en cinco zonas y Pdvsa estaba en sólo tres de ellas y en ninguna era el accionista mayoritario.

Pdvsa, que estaba regida por aquellos que en época de Caldera «regalaron» la Faja, se oponía a la postura de Chávez, todo lo cual deriva en la huelga general y el fallido golpe de Estado. Una vez resuelta esta tentativa ( que implicó una «limpieza general » en la empresa estatal) se comienza a instrumentar un proceso de migración buscando que la petrolera contara con una participación mayoritaria. Se abre un proceso de negociación con las multinacionales para acordar el nuevo mecanismo de funcionamiento así como las indemnizaciones que fueran necesarias.

Sólo Exxon y ConocoPhillips, norteamericanas ambas, se negaron a participar (aunque Conoco está a punto de acordar).

Una vez encaminado este proceso Pdvsa comienza a ofrecer participación directa en la explotación de la Faja a las empresas estatales de la región (Ancap incluida) y de distintos lugares del planeta.

El resto es historia conocida

De lo que nadie habla es, por ejemplo, de la Resolución 626 del 21 de diciembre de 1952 aprobada por la Asamblea General de la ONU, donde se «recomienda a todos los Estados Miembros que se abstengan de adoptar medidas directas o indirectas para impedir que cualquier Estado ejerza su soberanía sobre sus recursos naturales». El tema se va reiterando en diferentes resoluciones hasta que en 1974 se consagra como principio universal y pacíficamente reconocido en el Derecho Internacional Público, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, el principio de la independencia de los Estados sobre la administración soberana de sus recursos naturales y energéticos.

En estos documentos de carácter universal se basa la defensa venezolana ante la agresión de Exxon y el Departamento de Estado: no se le puede acusar por pretender pacíficamente y con el pago de indemnizaciones administrar soberanamente sus recursos. Tampoco pueden interferir los poderes judiciales (que integran el aparato estatal de sus respectivos países) foráneos con este principio, de manera que las resoluciones adoptadas en el Reino Unido, EEUU y Países Bajos, son absolutamente contrarias a las resoluciones de la ONU.

No da la impresión de que el diferendo vaya a solucionarse en breve porque acá lo que está en juego es la negativa doctrinaria del imperio a aceptar como válidas las nacionalizaciones de los recursos naturales. Su concepción del mundo pasa por el derecho natural de su nación a acceder a lo que sea, cuando sea y como sea.

Ejemplos, además de los mencionados al comienzo, hay, abundan, lamentablemente sobran.

Resultaría pues ingenuo pensar que se trata de un problema legal; es un cuestionamiento a un proceso que se autodefine a favor de las mayorías populares y de la integración.