Otro caso de manipulación desde el poder

El próximo 9 de abril se celebrarán elecciones presidenciales en el Perú y su actual mandatario, el ya reelecto Alberto Fujimori, ha fijado las reglas de juego del período pre-electoral con el visible propósito de que su segunda reelección esté asegurada.

Los métodos utilizados no evidencian demasiada imaginación: control de la prensa, especialmente de la televisión, groseros ataques a los candidatos opositores, sin derecho a réplica, utilización de los recursos del Estado para promocionar la candidatura del presidente que aspira a continuar siéndolo, utilización del ejército como masa de maniobra en apoyo a la reelección, amenazas a las comunidades campesinas, etcétera.

En síntesis: un menú completo de atropellos a los derechos políticos más elementales de las fuerzas políticas de la oposición, vale decir una violación manifiesta de los derechos democráticos del pueblo peruano.

En su edición del 11 de febrero pasado, la revista «Caretas» que se edita en Lima, analiza la situación creada con la presencia en Perú de dos misiones internacionales de observadores electorales.

Efectivamente desde hace unas semanas coincidieron en Lima una misión del Centro Carter y del Instituto Nacional Demócrata, liderada por el ex presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo.

Señala el informe de la publicación limeña que estos «quedaron sorprendidos por la crudeza de la manipulación electoral.»

Hay que agregar que a estas misiones se sumó la de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), integrada por observadores de reconocida solvencia.

Aunque el presidente Fujimori se negó a recibir a los integrantes de las delegaciones, su gobierno, prácticamente una dictadura, ha venido procurando obtener algún tipo de «visto bueno» internacional para lo cual está trabajando con la intención de que se haga presente en Perú una delegación de la Organización de Estados Americanos y realice un informe más o menos anodino.

La misión Carter-NDI sólo tiene un poder moral y cualquier decisión que tome no compromete a instancias oficiales del gobierno de los EEUU pero su condena significaría un golpe duro a los intentos oficialistas de hacer pasar las elecciones del 9 de abril como limpias y legítimas. «Implicaría, de hecho, comenta Caretas, una evidencia de que los comicios carecen de validez, de acuerdo a los estándares internacionales.»

El centro de las críticas de los observadores internacionales es el tratamiento que se le está dando a la prensa (y a los periodistas), que es alarmante, según surge de la crónica de un evento convocado la semana pasada por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).

Vale la pena registrar, vista nuestra experiencia uruguaya en la materia, las palabras del presidente del CPP, Enrique Zileri quien en la reunión señaló «la importancia que tiene para la democracia el que en un proceso electoral todos los candidatos tengan un acceso razonable a los medios de comunicación, especialmente cuando un mandatario aspira a la reelección.»

El periodista radial Genaro Delgado, con una orden de captura pendiente, no llegó al evento pero envió una comunicación: «Hoy se advierte una confabulación antidemocrática e ilegal entre todos los canales de TV.»

El lunes 14 las conclusiones a las que arribaron las misiones extranjeras en Perú son coincidentes: «No existen en ese país condiciones para que se realicen elecciones libres y democráticas».

El informe de la FIDH concluye que: » las futuras elecciones peruanas parecen ser un procedimiento que busca justificar o disfrazar lo que en realidad es la perpetuación de un régimen autoritario con fuerte presencia militar.»

Entre las observaciones formuladas por los especialistas internacionales se señala: «Los canales de televisión, alegando razones empresariales, se han negado sistemáticamente a trasmitir los «spots» publicitarios de los candidatos opositores (…) Paralelamente, los informativos están copados por la figura de Fujimori, mientras sus rivales son ignorados o atacados con los peores insultos, (…) Otra forma de la utilización de los recursos del Estado es el reparto de víveres o lotes de terrenos a cambio de un voto por el candidato reeleccionista.»

Como se puede constatar, en materia de desvirtuación democrática, ya está todo inventado.

Lamentablemente, todo parece indicar que, en el Perú, asistiremos a otro acto de desborde autoritario y utilización del poder estatal y mediático para conseguir la legitimación –con ropaje democrático– del continuismo autoritario más manifiesto.