El Partido Nacional por verdad y justicia

Con gran ímpetu, varias figuras relevantes del Partido Nacional –e incluso esta colectividad política como tal– se han lanzado a una campaña en pos de conocer la verdad sobre el asesinato de Cecilia Fontana de Heber, ocurrido en 1978.

 

El veterano dirigente rochano y ex senador Carlos Julio Pereyra fue el encargado de abrir el fuego. El fue uno de los destinatarios de los vinos envenenados, por su calidad de miembro del Triunvirato (integrado también por Mario Heber Usher y Dardo Ortiz) que desde las sombras de la clandestinidad dirigía al proscripto Partido Nacional por aquellos tiempos aciagos.

 

A las gestiones y denuncias públicas del profesor Pereyra se sumaron las de otros connotados dirigentes blancos –entre ellos el hijo de Cecilia Fontana, el actual senador Luis Alberto Heber– y el propio presidente del Honorable Directorio, senador Jorge Larrañaga.

 

Todos ellos, incluidos los descendientes de la familia Heber-Fontana, han reclamado la reapertura del expediente judicial y de la investigación policial, así como la desclasificación completa de archivos confidenciales de la CIA.

 

A tal efecto se reunirán con el presidente Vázquez para solicitarle que el gobierno uruguayo exhorte al de EEUU a desclasificar íntegramente toda la documentación vinculada con la dictadura militar.

 

Entendemos que todos debemos saludar vivamente esta gestión que emprende el Nacionalismo con el fin de esclarecer uno de los crímenes del régimen cívico-militar.

 

Un crimen que se suma a la larga lista de horrores cometidos por el terrorismo de Estado; un crimen tan repugnante como todos los de la dictadura, con la única diferencia de que la víctima no fue detenida arbitrariamente ni sufrió apremios físicos, como fue el caso de tantos otros.

 

Ahora bien, no deja de ser llamativo que sólo después de transcurridos más de 20 años del retorno a la normalidad institucional, y luego de haber gobernado el Partido Nacional entre 1990 y 1995 (sin contar que ese partido integró el gobierno entre 1995 y 2005), no es sino ahora, cuando está verdaderamente en el llano, que promueve la investigación del crimen de la esposa de Mario Heber. ¿Por qué no lo hizo antes, cuando fue gobierno o cogobierno junto al coloradismo? ¿Qué le impidió reclamar que se investigara y que la CIA desclasificara la documentación pertinente bajo los dos gobiernos de Sanguinetti, el de Lacalle y el de Jorge Batlle?

 

Cuatro lustros de democracia, cuatro gobiernos en manos de los partidos tradicionales, y sin embargo, es bajo el primer gobierno progresista que el Partido Nacional decide oficialmente emprender la noble tarea de reclamar y exigir del gobierno nacional que vuelva a abrirse la investigación y que la CIA desclasifique sus archivos secretos.

La explicación a semejante retardo en iniciar la gestión puede conjeturarse de varias maneras.

 

Podemos suponer que realmente, desde el retorno a la normalidad institucional, los blancos (casi en secreto) realizaron febriles gestiones para dilucidar el crimen pero se encontraron con la barrera entonces infranqueable de la impunidad y la omertà; podemos suponer que encontraron apoyo en los gobiernos colorados y el blanco pero que éstos no supieron o no pudieron averiguar nada; podemos suponer que dichos gobiernos de los partidos tradicionales eludieron el deber de investigar aduciendo el imperio de la Ley de Caducidad; y finalmente, podemos suponer que hubo autocensura y que los blancos prefirieron no hacer olas y comportarse de un modo políticamente correcto respetando el espíritu de la impunidad.

 

En fin, cualesquiera hayan sido las razones, bien podrían los blancos reconocer públicamente que bajo este gobierno progresista es posible romper la oprobiosa muralla de la impunidad, y que sólo bastaba voluntad política para ello.