La gran fuga de recursos

Víctor Rossi

Creado por el equipo económico de la dictadura, en junio de 1982, con el «fin básico de asegurar la culminación de importantes programas de viviendas promovidos por el Banco Hipotecario del Uruguay», el Impuesto a las Retribuciones Personales se ha ido transformando con el transcurso de los años, en el recurso predilecto de los posteriores gobiernos democráticos para solucionar los déficit fiscales.

Descubierta su utilidad como fuente proveedora de recursos de respuesta inmediata durante el gobierno del doctor Lacalle, el doctor Sanguinetti, en el transcurso de su segundo mandato, lo vuelve a utilizar por la vía de la ampliación de sus tasas. En ambas circunstancias, con una promesa de transitoriedad que sólo se cumplió por el primero de los gobernantes nombrados.

Al mismo tiempo los equipos económicos de ambos gobiernos acompañaban estos aumentos a las tasas del IRP, con compromisos de contención y reducción del gasto público, así como de desarrollo de políticas para atacar el desempleo.

Esto ha implicado un importante sacrificio de los trabajadores y pasivos del orden de un millón de dólares diarios, equivalente al costo de 50 mil puestos de trabajo permanentes o a 60 mil viviendas en un quinquenio. Sin embargo, tan tremendo esfuerzo no ha sido suficiente para cubrir los déficit cada vez mayores de las arcas de los gobiernos de turno, ni frenar el crecimiento de la desocupación que se ubica hoy en el nivel más alto. Tampoco ha podido culminar programas de vivienda del Banco Hipotecario, debido a que la razón de ser del IRP se ha ido desvirtuando con cada nuevo gobierno.

Ahora nos encontramos con que el gobierno del presidente Batlle recurre también al «salvador» impuesto para solucionar sus desajustes financieros. Y decimos «sus desajustes financieros» porque no es cierto que los recursos generados a través del aumento de las tasas del impuesto se vuelquen a financiar los aumentos para la enseñanza, la Universidad y el Poder Judicial. Y no es cierto, porque estos incisos debieron ser contemplados con los recursos existentes.

Los recursos que hoy le falten al señor presidente y a su equipo económico, son aquellos que su partido en el gobierno malgastó o dejó de recaudar. Los recursos que hoy no tiene son, por ejemplo, los que gastó en Contratos de Obra millonarios en dólares, para dar satisfacción –la más de las veces– a compromisos partidarios. Son aquellos que se le van entre las manos por aplicar una política económica que no grava a las grandes concentraciones de riqueza como las transacciones financieras y el supermercadismo.

Esos dineros con los que no cuenta el Estado son los que la apertura económica indiscriminada, las zonas francas y el gran contrabando le quitan al país. Sólo el gran contrabando –el que «está escondido bajo el giro comercial de muchas empresas instaladas formalmente», como dijo un director de Aduanas– registra en caja 600 millones de dólares al año.

Porque desde los tiempos de Raquelita Díaz, la «mano negra» ha ido creciendo sistemáticamente hasta apoderarse, ahora, no sólo del vaso de leche de la niña, sino también del trabajo de su padre.

No se puede seguir con el mismo discurso oficial de que no hay otra alternativa para conseguir recursos, que gravar sistemáticamente al salario, provocando una creciente e irreversible fractura social que pone en cuestión el futuro de toda la sociedad.

Por ello es necesario abrir en el país, en base a un amplio entendimiento sin exclusiones a priori, una alternativa de cambio que apunte al país productivo, con un Estado transparente, austero, pero jugado a la reactivación económica y a atender las urgencias de los más desheredados.

* Representante Nacional – Alianza Progresista – EP-FA