Autonomía y democracia interna para los entes autónomos

Entre las ideas que manejó Jorge Batlle en su campaña para el balotaje, figuraba la reducción de los directorios de los entes autónomos de 5 a 3 miembros; ¡pobre representación de su consigna de reducir los gastos del Estado! Luego de ser electo Presidente, además de insistir en esa reducción, dejó en claro que los integrantes de esos cuerpos pertenecerían en su totalidad a la coalición de gobierno, excluyendo cualquier participación en ellos de la oposición. Este criterio fue el mismo que inauguró Lacalle en su presidencia y el que siguió Sanguinetti en su segundo mandato (en el primero, había dado cierta participación a representantes del Frente Amplio).

Lo que encuentro más grave de este proceder es la razón invocada, que explicita la dirección exactamente contraria al valor autonómico que alguna vez se le quiso dar a la gestión de esos entes. El fundamento del Presidente electo y el de sus antecesores fue la concepción de que tales organismos son «instrumentos de gobierno», y que deben esstar alineados en la orientación del Poder Ejecutivo. Semejante doctrina había conseguido un principio de consagración en la última reforma constitucional que dio facultades discrecionales a este Poder para la remoción de sus miembros.

Tal concepción se contradice con la estructura jurídica y la propia designación que nuestra carta fundamental le asigna a tales organismos. ¿»Entes autónomos» de qué? El supuesto de su existencia fue alguna vez que la integración de sus direcciones debía ser de técnicos, que gozaran efectivamente de cierta autonomía para su manejo.

Es cierto que tal supuesto, aunque llegó a ser explícito, en la práctica constituyó una compleja hipocresía. En realidad, aunque efectivamente tenían la autonomía jurídica que la Consitución les otrogaba, de hecho eran el mecanismo por el cual –gobernara quien gobernara–, colorados y blancos se repartían la administración pública, especialmente la utilización de los favores políticos a sus clientelas (empleos, «prontos despachos», adjudicación de teléfonos cuando su obtención era una hazaña, etcétera); con lo que engordaron hasta la obesidad a ese Estado que ahora dicen querer adelgazar. La historia política del siglo XX uruguayo está poblada de múltiples acuerdos interpartidarios de reparto de posiciones. A uno de los pocos en que no estuvo incluido, Herrera le llamó el «pacto del chinchulín». Hasta que logró plasmarse en fórmula cuotificada, con el famoso»3 y 2″ de la Consitución de 1952; sin que ello implicara la pertenencia a ninguna coalición. Servían, además, para que ambos partidos colocaran en tales directorios a aquellos a los que no le habían alcanzado los votos para integrar al Parlamento.

Pero ahora que la oposición es de diferente «familia ideológica», según la expresión acuñada por Sanguinetti, el criterio cambió radicalmente. Y también su doctrina formal. Ya no es necesaria una «minoría técnica» nombrada por la oposición para que controle esa «dirección autonómica». Ahora es un «instrumento» para la operación de una política monolítica dirigida desde la Presidencia. De allí la negativa al reclamo de su presencia hecha por el Encuentro Progresista, como mayoría relativa parlamentaria.

Por cierto que no se me ocurre reivindicar la vieja repartija del «3 y 2″, que por otra parte colorados y blancos seguirán haciendo dentro de «su» familia ideológica (es decir, con la exclusión de los encuentristas, con el pretexto de no integran la coalición). Y no me parece feliz que el EP-FA haya reclamado el ocupar posiciones en ese esquema; aunque pueda aducirse que lo hace para controlar, con los antecedentes recientes de vistosos escándalos.

«Autonomía» es «la potestad que se reconoce a los municipios, provincias, regiones u otras entidades para regir intereses peculiares de su vida interior», como dice el «mata burros». Autonomía es descentralización del poder, es capacidad de autogobierno.

Ahora están de moda las nociones de descentralización, de gestión por los propios interesados, de participación, y que se agita tanto la idea de reformar al Estado, ¿no habrá llegado el momento de convertir en realidad el viejo y clásico fundamento autonomista con que, en su discurso, se establecieron los «entes autónomos»? ¿Por qué no convertir a estos organimos públicos en instituciones gestionadas por los propios interesados en ellas: sus técnicos, sus funcionarios, y sus usuarios; en vez de tanto proyecto de privatización o de continuar con su hiperpolitización? Si son «entes autónomos», por definición, sería lógico que tengan alguna forma de autogobierno; que se los aparte de los avatares de la acción política cotidiana, y que queden sujetos en la más grande linea a «políticas de Estado» –como le dicen ahora– por medio de la legislación. En una palabra: que siendo entes pertenecientes a la sociedad toda, los conduzcan y administren los más involucrados en su actividad, los productores y los consumidores de sus productos y servicios.

Por supuesto, no creo que sea el dúo Batlle-Lacalle el más indicado para un tal tipo de transformación. No se les puede ni pasar por la cabeza. Ellos son la más rancia representación política del neoliberalismo económico. En su imaginario, seguramente está la idea de terminar de «neoliberalizar» al país por medio de esta conducción centralizada de todos los organismos del Estado. Ni siquiera el apellido del presidente electo le puede despeinar esta ensoñación.

Pero esta debe ser una reivindicación popular para enfrentar la ola privatizadora, para defender el espacio público, y para realizar una verdadera renovación democrática en este aspecto. Y me llama la atención que la izquierda no la haya levantado aún.