Crisis en el municipio sanducero

La gente ha vuelto al Parque Artigas donde la selección sanducera de fútbol –para alegría de los que somos de allá– anda como bólido, con un joven delantero que en sus horas de ocupación corta cuartos y paletas vacunas en el Frigorífico Casablanca.

Coincidiendo con un nuevo aniversario de la Defensa de Paysandú, el dos de enero, el intendente Pintos ha debido pedir primero y aceptar después la renuncia de dos miembros del gobierno municipal, el contador Juan Sánchez y su secretario privado, Lucio Motta. Sánchez era hasta el fin de año pasado director de Administración de la Comuna sanducera.

1.- La crisis se despeñó porque un semanario que roza el amarillismo –Tres Puntos– anunció que Sánchez y Motta estaban involucrados en el manejo de la intermediación de cheques entre particulares e instituciones bancarias durante la crisis del año 2002.

2.- Sánchez lo reconoció ayer en conferencia de prensa, agregando que es una actividad legal dentro del funcionamiento del sistema. Todo indica que Motta fue su socio en estos negocios que se continuaron –dicen algunos– luego del año 2002. El Partido Comunista había solicitado desde siempre la renuncia de Sánchez. El PCU recién el año 2007 comenzó a tener participación en el gobierno del Frente en Paysandú, del que había estado excluido desde su instalación en julio de 2005.

3.- Ha existido por lo menos un muy limitado criterio del gobierno municipal de Paysandú –que el Partido Obrero Revolucionario integra a través de nuestro compañero Pedro Oleyni– al designar a Sánchez y Motta. No era necesario que a dos años y medio de gobierno venga una publicación a decirle al gobierno que más de un cargo de confianza había especulado y posiblemente enriquecido con la crisis de 2002, y posiblemente después también. Todo Paysandú lo sabía, porque en Paysandú se conocen estas cosas.

4.- El Frente Amplio ha tenido escasa vida política como dirección. No han funcionado los controles, pero aquí no es tanto un problema de controles –ni Sánchez ni Motta están acusados de dolo en la IMP–, sino de criterio político. Lo que es legal y justo dentro del sistema capitalista –enriquecerse cuando otros se funden, entre otros el país mismo– es legal, pero no es moral. Esta es la discusión de fondo.

5.- Es justo buscar controles pero ya vemos que todos los controles, controles sobre controles, burocracia sobre burocracia, no impidieron la crisis de los Casinos en la IMM. Es otra cosa la que hay que discutir, no la Policía Administrativa que propone ahora el compañero José Mujica.

6.- Los controles deben ser ejercidos –en una democracia participativa, activa, creadora, social– como la que busca el Frente Amplio (aún sin encontrarla), por la población organizada, por los barrios y sus comisiones, por los sindicatos y la Central obrera local, por los trabajadores municipales organizados. Pero el control obrero, social, comunitario, democrático, sólo es posible cuando la dirección política lo promueve, lo aliente, lo estimula, y, sobre todo, lo ejerce. Sostenemos desde siempre que cuando se abren vías de información parcial, limitada, cuando no se trasladan para conocimiento y debate público, lo esencial, lo estratégico, se coarta la democracia, se la encapsula y estratifica. En definitiva, se la anula. Cuando el aparato político, la estructura administrativa del Estado no abre el debate –en general, jamás lo hace, porque saltarían también sus prebendas y negocios «legales»– sobre su estructura y funcionamiento, sobre quién, cuándo y dónde y por quién se proveen los ingresos financieros, a través de impuestos y tasas, cuando la población no puede decidir las grandes líneas de las inversiones, del gasto –lo que la gente discute en todos lados, menos donde debería hacerlo–, termina por no interesarse, no participa, no crea, no pueden –entonces– controlar a un aparato que su principal función es avanzar hacia su propia obesidad.