Si se midiera por la importancia de los proyectos de ley concienzudamente estudiados, discutidos y aprobados, el año que hoy expira será recordado como uno de los más emblemáticos de este gobierno. De todas las leyes promulgadas en el correr de 2007, es preciso mencionar dos particularmente trascendentes: la reforma tributaria y la reforma de la salud.
Dos normas –que contienen a su vez numerosas disposiciones– que han conmocionado a la sociedad y a la clase política pues introducen cambios sustanciales en dos áreas gravitantes y sensibles: el sistema impositivo y el sistema sanitario.
Dos áreas que reclamaban desde hace demasiados años reformas profundas, cambios radicales, giros audaces.
El sistema tributario uruguayo ostentaba una absurda y casi kafkiana superposición de impuestos de todo tipo y color, al tiempo que era percibido como esencialmente injusto tanto por empresarios como por asalariados y considerado un pesado freno para el desarrollo.
El sistema sanitario, por su parte, arrastraba males endémicos también desde mucho tiempo atrás y venía sufriendo un deterioro cada vez más profundo que lo tornaba inaccesible para vastos sectores de la sociedad. El mutualismo –otrora sistema solidario ejemplar– padecía una crisis estructural aparentemente irreversible, y la atención sanitaria brindada por el Estado a través del Ministerio de Salud Pública exhibía carencias de toda índole agravadas por el incremento exponencial de usuarios que abandonaban el sistema mutual. Esta situación generó una realidad cada vez más injusta.
Ambas reformas –la tributaria y la sanitaria– propenden al mismo fin: atenuar las injusticias, rescatar a los más sumergidos y llegar a un equilibrio que contemple, en la medida de lo posible, a todos los habitantes de la República, siguiendo la máxima de que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Así se ha rebajado (y se seguirá rebajando) el odioso impuesto al valor agregado que no es en rigor sino un impuesto al consumo, mientras se alivió la carga fiscal para los menos privilegiados, los asalariados de menores recursos, los pobres y los indigentes y excluidos, con la eliminación del impuesto a las retribuciones personales y la implantación del impuesto a la renta de las personas físicas.
A pesar de las voces agoreras que anunciaban catástrofes inenarrables, la aplicación del nuevo sistema impositivo arroja resultados positivos cuando han transcurrido seis meses de su entrada en vigor.
La creación del SNIS, que entrará a regir mañana, también ha introducido cambios sustanciales en la atención de la salud. Ha modificado la estructura de ASSE para convertirla en una institución de asistencia médica pública de cobertura completa que competirá con las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC) más conocidas como mutualistas. Pero lo verdaderamente novedoso es el Fonasa, el fondo administrado por el Estado, que se financiará, entre otros, con los aportes de los asalariados y pasivos en porcentaje razonable, lo que permitirá que todos los habitantes cuenten con cobertura médica de calidad, incluidos los menores de 18 años y los adultos discapacitados.
En fin, las dos reformas constituyen en sí mismas transformaciones estructurales cuyos efectos redundarán sin duda en una mejora en la calidad de vida de la población.
Para el resto de su mandato, el gobierno enfrenta el desafío de proponer otras dos reformas no menos importantes: la de la educación y la del Estado. Las dos deberán ser debatidas en profundidad y con la seriedad y la responsabilidad que exige toda política de Estado.
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