Cárceles: avances auspiciosos

Desde esta página nos hemos ocupado en reiteradas oportunidades de la realidad de nuestro sistema carcelario.

Hemos repetido hasta el cansancio que el artículo 26 de nuestra Carta Magna se ha convertido en letra muerta en virtud de la superpoblación de los establecimientos penitenciarios. Recordemos que la citada disposición constitucional estipula (luego de proscribir la pena de muerte) que las cárceles no servirán nunca «para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito».

Desde que la fractura social se fue profundizando, esa disposición fue violada de hecho en la medida en que aumentó la delincuencia y los establecimientos de reclusión se convirtieron en meros depósitos de transgresores. Se llegó a extremos inimaginables en que la capacidad locativa de las cárceles se vio desbordada y el número de reclusos superó en tres veces el máximo admitido.

Ese hacinamiento, esa promiscuidad, tornaron imposible toda tarea de reeducación de los reclusos y promovieron falta de higiene física y mental. La situación sanitaria dejaba mucho que desear, al tiempo que la convivencia se volvía cada vez más dificultosa. En razón de ello, cada vez eran menos los casos de delincuentes que lograban su rehabilitación.

En fin, con ese panorama al asumir el nuevo gobierno, al cabo de algo más de dos años de gestión, hay logros inocultables que permiten avizorar un futuro menos ominoso. Todo empezó con la tan cuestionada Ley de Humanización del Sistema Carcelario, que no sólo permitió un cierto descongestionamiento de los establecimientos penitenciarios, sino que promovió medidas tendientes a estimular el estudio, la superación personal y la aptitud para el trabajo; el índice de reincidencia fue bajísimo y fue el primer intento serio para reinsertar a los reclusos en la sociedad y en el mercado laboral.

En nuestra edición de ayer se habla de una cárcel ejemplar, la de Paysandú, cuya situación mereció elogios del comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario. De acuerdo con dicha información, el porcentaje de reclusos que ha vuelto a estudiar o que desempeña tareas trepa a 90, un guarismo impensable hace unos años.

Hay un monitoreo permanente de parte de las autoridades y de un equipo de especialistas, docentes, psicólogos, sociólogos, que han logrado ese aparente milagro. Esa interacción de reclusos con trabajadores sociales y educadores ha permitido incluso un régimen de reclusión bastante sui géneris con mucha mayor flexibilidad.

Cuando el modelo sanducero pueda aplicarse a todos los establecimientos de reclusión del país, podremos decir que estamos cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución.