Un sistema judicial confiable e incorruptible

Entre otras características que han sido motivo de orgullo nacional, el Uruguay contó, tradicionalmente, con un sistema judicial impoluto, solvente técnica y éticamente.

Recuérdese que cuando el país vivía bajo el gobierno predictatorial de Pacheco Areco, los jueces de Instrucción en particular fueron víctimas de innumerables ataques de parte del poder político por ser fieles defensores de la legalidad, del estado de derecho, de la Constitución y de la independencia del Poder Judicial.

Asimismo, cuando esa predictadura se sacó la careta y se instauró el régimen de facto, hubo de crearse un Ministerio de Justicia que actuó como celoso guardián y fiel ejecutor de los designios de los motineros. Durante 12 años, la Constitución fue olvidada, y los magistrados judiciales debieron adecuarse a esa nueva situación de facto; muchos de ellos, incluso, fueron destituidos en aplicación de disposiciones arbitrarias e inconstitucionales.

Luego de la normalización de la vida institucional del país, a mediados de los años ochenta, el sistema judicial retomó su viejo prestigio y su perdida independencia.

El país se reencauzó por la senda de la legalidad, y jueces y fiscales volvieron a actuar de acuerdo con las normas. El país volvió a confiar en su sistema judicial y los magistrados (jueces y fiscales) no defraudaron –salvo contadísimas excepciones– las expectativas de la población al respecto.

Ciertos episodios ocurridos en los últimos años muestran a jueces y fiscales actuando con total independencia, sin ceder a presión alguna, aplicando el derecho con equidad. En 2003, el procesamiento con prisión del doctor Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros marcó una inflexión importantísima: fue el primer procesado por crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.

También hubo militantes de izquierda procesados por disturbios callejeros. Aunque esa actuación judicial pueda haber levantado ciertas críticas por lo draconiano del fallo, nadie puede cuestionar que la misma se llevó a cabo con total apego a las normas y con todas las garantías para los inculpados.

Luego vinieron los procesamientos de connotados militares, el procesamiento de Bordaberry y de Blanco (éste por segunda vez y por otra causa) y finalmente, la frutilla de la torta: el dictadorzuelo Alvarez sometido a proceso y encarcelado; un procesamiento de alto contenido simbólico.

Paralelamente, y como para no dejar dudas sobre la independencia de ese Poder del Estado y del Ministerio Público, un funcionario del gobierno ha sido investigado, ha comparecido ante el juez y el fiscal, y este último ha pedido su procesamiento con prisión por una serie de delitos.

Todas las actuaciones judiciales a que aludimos se han llevado a cabo siguiendo escrupulosamente lo estipulado en las leyes procesales, con todas las garantías para el indagado y con el respeto más irrestricto a sus derechos humanos.

Podemos seguir sintiéndonos orgullosos de nuestro sistema judicial. Hay motivos para ello.