La renuncia de Fujimori

Aunque el destino de la titularidad de la Presidencia de la República está todavía en discusión, todo parece indicar que la era Fujimori se ha terminado para el Perú.

Se ha cerrado un ciclo de diez años en el que pocas cosas dejaron de pasar en aquel país: crecimiento vertiginoso de la miseria y la marginalidad, sobre todo en el campo, crecimiento explosivo de los cinturones de miseria en las ciudades.

En este contexto, expansión también inesperadamente rápida de la guerrilla rural protagonizada por Sendero Luminoso.

Las aristas de violencia casi indiscriminada que despliega esta organización, que actúa en nombre del maoísmo, alientan el desarrollo de formas represivas más implacables. La implantación de la tortura como práctica sistemática culmina en la entronización de una forma específica del terrorismo de Estado.

En este contexto, a principios de los noventa, un advenedizo a la vida política consigue alzarse con la victoria ante una izquierda que había sido fuerte pero que sucumbió a sus insalvables divisiones sectarias: de ser gobierno en Lima, con una holgada mayoría electoral y alcanzar el 34 por ciento de los votos en el ámbito nacional, la Izquierda Unida se fragmentó en una serie de grupos y partidos que ninguno pasaba del 2 por ciento de los votos y se desdibujó en el escenario político.

La derecha, por su parte, buscó su figura afuera del sistema político tradicional en la candidatura de Mario Vargas Llosa, de reconocido prestigio como escritor, pero políticamente esclerosado y monológico.

Obtenida la presidencia por el pronunciamiento de las urnas, Alberto Fujimori se convirtió en el hombre fuerte de la situación.

Los aspectos populistas de su campaña rápidamente se transformaron sólo en una cáscara demagógica, no sin cierto eco en la población.

A partir de entonces, la esencia del gobierno fue el crecimiento de los componentes autoritarios y personalistas del régimen.

Los partidos de la oposición y el Congreso Nacional fueron atacados y despojados de gravitación ante la creciente militarización del Estado.

La lucha contra Sendero Luminoso –y después contra el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru– se convirtió en articulación principal en torno a la cual se ordenó la vida política e institucional del Perú.

Se asistió, entonces, con el beneplácito de la diplomacia norteamericana y de las derechas latinoamericanas, incluyendo la de nuestro país, a la instalación de una forma singular de populismo conservador, autoritario, con rasgos represivos característicos del terrorismo de Estado.

Hijo y gestor de estos atributos patológicos, Vladimiro Montesinos, un militar frustrado y político inescrupuloso, se convirtió en socio principal del presidente, a través del control del poderoso Servicio de Inteligencia Nacional.

La oscura trama de intereses y conspiraciones que unieron a estos dos hombres clave de la historia peruana cercana recién ahora se está empezando a conocer.

Por ejemplo, algunos de los episodios que han desencadenado la crisis que derribó primero a Montesinos y ahora al Presidente: contrabando de armas para alimentar la guerra civil en Colombia, denuncia de apoyo financiero a la campaña electoral por parte de los grandes cárteles de la droga, corrupción política a través de la compra del apoyo parlamentario por parte de opositores, etcétera.

La prensa peruana, buena parte de la cual fue objeto de toda clase de persecuciones por parte del régimen y se mantuvo altiva en su oposición, en estos días casi no da abasto con la publicación de los escandalosos entretelones del gobierno de Fujimori-Montesinos.

Las fortunas acumuladas por ambos son todavía difíciles de estimar, pero ya se sabe de la existencia de cuentas de Montesinos en varios países de América, incluyendo a Uruguay, y en Suiza. Los últimos cálculos situaban en el orden de los 70 millones de dólares el volumen depositado en estas cuentas.

¿Qué va a pasar en Perú? Lo dirá en definitiva el Congreso Nacional y luego la ciudadanía peruana.

¿Qué va a pasar con los oscuros personajes mencionados y sus socios y cómplices entronizados en las cúpulas del Estado, empezando por la Policía y las Fuerzas Armadas?

Es difícil preverlo. Entre otras cosas porque todavía no se ha concluido la redacción del acta de acusaciones contra los funcionarios implicados.

Sería por demás estimulante para las instituciones democráticas latinoamericanas que el desenlace de la crisis peruana no terminara, también ella, con la impunidad.