El combate a la delincuencia

En nuestro editorial del viernes 16 expresamos nuestra satisfacción por la tarea legislativa que va permitiendo que se plasmen en leyes los aspectos más relevantes del programa de gobierno y, también, las respuestas al clamor ciudadano; en este caso concreto, nos referimos al incremento de la actividad delictiva con el consiguiente sentimiento de inseguridad que vive la población.

Desde que la crisis, el desempleo, la ruptura del entramado social, la marginación y la exclusión empezaron a hacer estragos en una sociedad otrora caracterizada por su cohesión y la coexistencia pacífica de sus sectores, se produjo un incremento de la actividad delictiva, con la aparición de nuevas modalidades y la proliferación de modalidades ya tradicionales; también es menester señalar la incidencia que en ello ha tenido el consumo de sustancias psicoactivas que tienen por efecto potenciar la agresividad de los infractores, y, por otro lado, el fenómeno de la delincuencia juvenil o, dicho de otro modo, el protagonismo cada vez mayor de menores en la comisión de delitos contra la propiedad y contra la persona humana.

Frente a este problema ­que, aunque insoslayable, se ve magnificado por los medios que promueven la sensación de inseguridad en la población­ las soluciones propuestas por la derecha tienen que ver, invariablemente, con el combate a los efectos de una realidad social que es producto, a su vez, de políticas neoliberales (o tal vez sea más apropiado decir neoconservadoras) aplicadas con contumacia e irresponsabilidad por el gobierno dictatorial y por los gobiernos democráticos que lo sucedieron. Haciéndose eco de un clamor popular que reclama, con razón, mayor seguridad, los partidos conservadores han puesto el acento en promover mayor rigor punitivo y dotar a la Policía de mejores armas para combatir el delito. Esto es, que la propuesta de la derecha ha sido, sistemáticamente, de carácter represivo (y eventualmente, preventivo) de modo de evitar los delitos y de castigarlos con mayor severidad.

La reciente aprobación del Código de Procedimiento Policial va en ese sentido. Como hemos dicho en el editorial de referencia, debemos saludar el consenso obtenido en la Cámara de Diputados para que la Policía disponga de medios más eficaces en su lucha contra el crimen. De alguna manera es la respuesta que la población estaba esperando. No obstante ­lo hemos repetido reiteradamente­ la verdadera solución al problema no pasa por ahí. No pasa solamente por ampliar la capacidad locativa de las prisiones ni por incrementar el tiempo de reclusión de los infractores ni por darle luz verde a las fuerzas del orden para reprimir el delito.

Estas medidas son de carácter paliativo y responden a una necesidad inmediata, a una emergencia social a la que hay que hacer frente. Pero la verdadera solución a ese drama social exige atacar las causas de la delincuencia. Ello implica, antes que nada, determinar cuáles son esas causas luego de un minucioso análisis sociológico y psicosocial de la realidad. Entonces, y sólo entonces, determinar, con inteligencia, creatividad y audacia, las medidas más apropiadas para combatir el delito en su etiología.

A nuestro entender, será menester una acción conjunta de varios ministerios a la vez. Por un lado, generar fuentes de trabajo genuinas y seguir en el camino de mejorar el nivel de ingresos. Por otro lado, una decidida acción de asistencia social a los marginales, a los excluidos, de modo tal de promover cambios fundamentales en la mentalidad de esos sectores; es preciso controlar con rigor la reinserción social, la asistencia de los menores a los centros educativos, y estudiar la posibilidad de que esos jóvenes encuentren en su barrio espacios de entretenimiento, de dispersión, de ocio y de convivencia civilizada.

Sólo así se podrán atacar las causas del delito. Nos consta que el gobierno actual es perfectamente consciente de ello pues desde su instalación ha comenzado una plausible acción en ese sentido. Sólo nos resta hacer votos por la continuidad de las políticas sociales y educativas que lograrán rescatar a esos orientales desplazados por la irresponsabilidad de un modelo esencialmente injusto.