Contratos de obra: irregularidades escandalosas

En la penosa situación que vive la mayoría de los uruguayos, las erogaciones del Estado por concepto de «contratos de obra» resultan francamente sublevantes. Un mecanismo que ha permitido a los jerarcas de la Administración contratar a técnicos con suculentos estipendios mientras se defendía con uñas y dientes el criterio del presupuesto de gasto cero.

El pasado martes, el senador encuentrista Enrique Rubio dio a conocer el resultado de sus investigaciones en el espinoso tema. Las conclusiones que de ellas se pueden extraer exigen una inmediata respuesta del poder político y la adopción de medidas tendientes a corregir una práctica que se presta a irregularidades y a situaciones esencialmente injustas.

Es casi un insulto a la población que el Estado –tan mezquino para mejorar la situación salarial de los sectores más sumergidos– gaste cifras millonarias en dólares para pagar a una «tecnoburocracia itinerante», para emplear la acertada expresión de Rubio.

Las irregularidades constatadas por el senador encuentrista no sólo rozan la ética sino que, además, se han apartado notoriamente del marco legal establecido para regular ese mecanismo de contratación. El notorio amiguismo (o directamente, nepotismo) que parece prevalecer, así como las retribuciones excesivamente abultadas («salarios del primer mundo», según Rubio) constituyen una especie de burla inadmisible, casi un insulto a una sociedad pauperizada y sin horizontes.

La opinión pública espera del gobierno medidas concretas para terminar con esta práctica absolutamente inconveniente.