Impuesto sobre los salarios altos

El Mensaje Complementario aprobado por el Consejo de Ministros y enviado al Parlamento ha introducido algunas novedades en cierto modo inesperadas.

El conjunto de medidas impositivas destinadas a financiar 60 millones de dólares y la asignación de estos recursos deberán ahora ser examinados por las Cámaras y las organizaciones sociales y universitarias afectadas por la situación presupuestal.

Del conjunto de medidas a examinar hay una que viene mereciendo comentarios dignos de interés.

Dejemos de lado, por ahora, la fijación de un 23% de IVA a la leche larga vida y de un 14% del mismo impuesto para las instituciones médicas no mutuales.

Nos referimos a la propuesta de fijar un aumento del 3% que se suma al índice impositivo del 6% que ya grava a los salarios situados por encima de los 30.740 pesos.

Como se ha señalado, esta medida, que se acompaña con la supresión del Impuesto a las Retribuciones Personales a los trabajadores que cobran menos de tres salarios mínimos, 3.180 pesos, parece obedecer a una filosofía en materia impositiva más próxima a la impulsada por las fuerzas progresistas en la última campaña electoral que a las que levantara el candidato triunfante.

En la propuesta del Consejo de Ministros, dentro del sector asalariado, parecería que se busca aplicar el criterio aquel «que pague más el que gana más» que fuera rechazado en forma tan tajante y alarmista.

Es justamente sobre este aspecto que el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT ha difundido unas reflexiones a cargo del economista Daniel Olesker.

El análisis empieza por destacar el hecho que el sector asalariado ha venido perdiendo fuerza con relación al resto de los factores que conforman el Ingreso Nacional.

El trabajo, que coincide en esto con las investigaciones realizadas en esta materia por el Claeh registra que en 1968 los salarios líquidos de los trabajadores representaban el 37.2% del Ingreso Nacional. El resto de la sociedad representaba 62.8%.

En el 2000 la participación del salario cayó a un 25% y el resto de los factores alcanzó al 75%.

A partir de esta constatación, el PIT-CNT sostiene que si los trabajadores dispusieran ahora de la cuota parte del ingreso nacional que tenían en 1968 cada asalariado debería recibir alrededor de 3.000 pesos más de lo que actualmente recibe.

Y concluyen, «siendo el 72% de la población económicamente activa los trabajadores asalariados se quedan con el 25% del ingreso nacional.»

Llevado al campo más inmediato, el Instituto Cuesta Duarte ejemplifica: «el docente universitario gana hoy menos de la mitad de lo que ganaba en 1968. Su salario debería ser 30.000 para un Grado 5 con 40 horas semanales.»

El hecho que algunos sectores de trabajadores (como bancarios, salud privada, entes del estado, transporte, Conaprole) hayan conseguido defender mejor sus ingresos reales, sostiene el documento, no debe confundir. En realidad, no es que les aumentaron los ingresos sino que lograron mantener los niveles que habían conquistado en otro momento.

Se analiza luego la cantidad considerable de excedente que queda en manos de rentistas y patrones bajo la forma de dividendos, intereses de depósitos, alquileres o títulos de deuda pública, etc.

Para concluir que ese excedente constituye una vía para intentar avanzar en la resolución de los problemas de ingresos de otros sectores sociales.

Se sostiene así que «es posible mejorar los salarios más bajos del país a través de una redistribución de ingresos desde el sector no asalariado hacia los trabajadores asalariados.»

Para el Instituto Cuesta Duarte el problema radica en «las grandes fortunas acumuladas por ese fatídico triángulo de banqueros, grandes comerciantes importadores y grandes exportadores.»

Frente a eso propugna la fijación de «impuestos al patrimonio (o a las grandes fortunas) serio y de impacto económico, un impuesto a la renta de las personas cualquiera sea la fuente de sus ingresos, en definitiva una redistribución de la riqueza desde esa fracción del capital al trabajo y no dentro del trabajo».

Como se puede apreciar, las consideraciones son polémicas y dignas de examinarse. Interesan tenerlo en la orden del día ahora que el Parlamento y los sectores movilizados se abocarán al examen de las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo.