Nuevas batallas cívicas

La persistencia del gobierno en algunos polémicos proyectos legislativos no hará más que generar nuevas y más extendidas instancias de movilización, tanto gremiales como políticas.

Como se había anunciado –y de manera coherente con lo que han venido siendo sus opiniones en esa materia– la Mesa Política del Frente Amplio acordó de manera unánime las tesituras a desarrollar ante la problemática de la telefonía celular.

Según se resolvió, ante la eventualidad de que las mayorías parlamentarias que responden a la coalición de gobierno sigan adelante con las anunciadas modificaciones a la Ley Orgánica de Antel para avanzar en un estatuto de signo inequívocamente privatizador, las fuerzas políticas de izquierda apelarán –una vez más– a los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución.

Se parte de la base, nunca refutada, de las cuantiosas ganancias que esa línea de producción está generando para Antel, y por su intermedio, a las finanzas públicas.

Todo avance hacia la mercantilización privada de esa área –tan lucrativa como de importancia estratégica para el desarrollo del país– es interpretado por las fuerzas progresistas como un paso en el sentido inconveniente.

Con sobrada razón se señala, asimismo, que sobre la problemática de las empresas públicas, y en particular de Antel, existen en el país contundentes pronunciamientos de la ciudadanía –recordemos el plebiscito de 1992– que es preciso tener en cuenta a la hora de encarar las estrategias de desarrollo.

Toda la experiencia latinoamericana, y muy especialmente la argentina, muestran los inconvenientes de toda índole que se generan para un país cuando se procede a la privatización de áreas de servicios públicos que son esenciales.

Otra resolución remite a la actitud a asumir por las bancadas progresistas ante el envío de la nueva Ley de Urgencia por parte del Poder Ejecutivo.

Más allá de que en el paquete legislativo acordado se hayan incorporado artículos que merecen apoyo, referidos a la creación de empleo, el conjunto de las normas resulta, para las fuerzas progresistas, inconveniente.

Más de una vez desde estas páginas hemos dado nuestra opinión acerca del uso y abuso del mecanismo constitucional de las Leyes de Urgente Consideración.

No son otra cosa que un recurso para reafirmar la primacía técnica y política del Poder Ejecutivo sobre el Parlamento Nacional.

Un recurso que, a la postre, puede resultar dañoso para las propias fuerzas políticas que apoyan al gobierno.

Legislar a «marcha-camión» sobre las materias más heterogéneas y delicadas puede ser una solución de emergencia, para salir del paso. No una modalidad seria de gestar las normas que regulen la amplia gama de problemas que se pretende resolver.

Legislando sin tiempo el Parlamento se priva del imprescindible diálogo con las organizaciones sociales, con los técnicos, con las cátedras universitarias, con los grupos que de un modo u otro son afectados por las normas.

Y en ese diálogo está en juego el prestigio y la credibilidad de la institución parlamentaria.

Sólo a partir de diálogo que enriquece y enseña, sólo escuchando al experto y a los directamente concernidos en las normas, el legislador puede hacer la síntesis que incorpora todos los elementos en juego.

La facultad de producir normas acordes con el interés general no la tiene el Parlamento a partir de una concatenación mágica, ni porque el legislador bebe una formidable poción mágica que lo vuelve, en el curso de un mes y medio, experto en todas las cuestiones.

Por el contrario, la superación de los intereses parciales o corporativos, la visión nacional, de largo plazo y en función de estrategias de desarrollo de un proyecto para todo el país, es el resultado del trabajo con las fuerzas sociales y económicas que mueven al país real.

Y eso no se puede hacer en un régimen de leyes de urgente consideración.

El abuso en el mecanismo contribuirá al desprestigio de la acción parlamentaria y con ella, lamentablemente, también se erosionará el prestigio de los partidos. Y de la política.

Se trata, para el gobierno, pues, de una receta que da pan para hoy y hambre para mañana.