¿Los pobres no quieren trabajar?

En la presente edición, LA REPUBLICA publica una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a un editorial del diario El Observador en el que se cuestiona la efectividad del Panes y la política del gobierno hacia los pobres.

Las críticas de la oposición y de la prensa que representa y defiende el modelo de país que promueve la derecha, hasta ahora no habían enfocado sus baterías hacia la política para combatir la pobreza, quizás el buque insignia del gobierno.

El editorial de El Observador, titulado «El fracaso de los subsidios», señala que si bien «repartir dinero entre personas sin recursos para atender sus necesidades más apremiantes tiene en el papel el fundamento loable de que por lo menos puedan comprar algunos alimentos», también «tiene el inconveniente práctico de alentar la holganza y el desinterés por el trabajo». Afirma que «productores rurales y empresarios del sector forestal, entre otras áreas de actividad, afirman que muchos beneficiarios del ingreso ciudadano rehúsan ofertas de trabajo para no perder los $ 1.415 que reciben todos los meses del Mides».

En carta dirigida a LA REPUBLICA, Ana Olivera, subsecretaria del Mides, refuta a El Observador y recuerda que «cuando asumimos nos encontramos con 4.000 mayores de 19 años que nunca habían ido a una institución educativa, 37.000 analfabetos funcionales, miles que no ejercían derechos que les correspondían, por no tener Cédula de Identidad».

Afirma que con el Panes «fue la primera vez, en nuestro país, que la transferencia de toda la sociedad era para aquellos que más lo necesitaban. No necesitamos recordar, seguramente, las transferencias millonarias que la sociedad hizo, por ejemplo, al sistema financiero en 2002″.

Olivera rechaza particularmente la crítica que sostiene que el Ingreso Ciudadano fomenta que la gente no quiera trabajar: «El primer dato que debería haber chequeado quien eso escribió es que más de 12.000 hogares han salido del Panes por tener un trabajo formal, declarado en el BPS y con un ingreso mayor a $1.300 por integrante del hogar. Muchos de ellos han renunciado voluntariamente al Plan».

Y señala además un punto, que nos parece necesario destacar como central en esta polémica: «Nuestros compatriotas no rechazan la posibilidad de trabajar, aspiran como todo ser humano a mejorar sus condiciones de vida y eso no se logra con $1.600 al mes».

La polémica no es menor. Los señalamientos de El Observador expresan con meridiana claridad la visión de un sector de la sociedad, la misma visión que rechaza los Consejos de Salarios, los fueros sindicales, que defiende la flexibilidad laboral y que cuando estuvo en el gobierno priorizó el salvataje de los bancos por sobre la atención a los pobres y los indigentes.

Como recuerda Olivera, en el salvataje de los bancos fundidos se invirtieron miles de millones de dólares, muchos más que los que se han invertido en el Panes.

A este gobierno se le pueden criticar muchas cosas, el compromiso por atender a los más desprotegidos con el Ingreso Ciudadano, los programas de salud, la campaña de alfabetización en colaboración con Cuba, la atención oftalmológica en el marco de la Operación Milagro, también en colaboración con Cuba y Venezuela; no son algunas de ellas.

La reducción de la pobreza, la creación de decenas de miles de puestos de trabajo, la formalización del trabajo, la recuperación del salario real de los trabajadores son logros incuestionables de esta gestión.

Pero además, la política hacia los pobres y su familia no es solamente un tema de transferencia monetaria, es una política global para reinsertarlos en la sociedad como ciudadanos y seres humanos plenos, en un plano de igualdad y con solidaridad de toda la sociedad. No parece un concepto fácil de incorporar a la concepción de país de la oposición y de El Observador. *