La Intendencia de Rivera bajo sospecha

Días atrás recibí la respuesta de la Intendencia de Rivera (IMR) sobre asuntos de hacienda. El oficio firmado por el secretario general de la IMR, en nombre del intendente Tabaré Viera, trae un dictamen legal donde interpreta, según el artículo 57 del Tocaf, que el pedido de que ediles integren las comisiones asesoras de adjudicaciones de la Intendencia no está previsto en la normativa vigente, por lo cual el intendente no está obligado a hacerlo.

En la media hora previa, en la que hice tal pedido, ya daba por sentado que no existe obligación legal para que la IMR integre ediles a sus comisiones asesoras, por lo mismo, lo que solicitaba allí era la voluntad política del intendente de transparentar las adjudicaciones. El intendente no tuvo esa voluntad.

Pues midamos con la misma vara, las obligaciones y los derechos, el art. Nº 10 de la Constitución de República, en su segundo párrafo, dice: «Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, NI PRIVADO DE LO QUE ELLA NO PROHIBE».

Si el artículo 57 del Tocaf no obliga al intendente integrarnos a las Comisiones Asesoras tampoco prohíbe de hacerlo. Ni prohíbe a nosotros mismos, los ediles, integrarlas, pues lo que la ley no prohíbe no puede entenderse prohibido.

Estuvo en él la voluntad de NO integrarnos.

¿Y por qué tuvo tal voluntad? ¿La participación de ediles en el contralor directo de las adjudicaciones molesta?

Si según el mismo artículo del Tocaf, el cometido de estas Comisiones Asesoras es «…dictaminar o informar sobre la oferta más conveniente a los intereses del Estado y las necesidades del servicio», me pregunto: ¿quiénes más adecuados para representar los intereses del departamento que los ediles electos democráticamente por el pueblo riverense? Pues tampoco es de recibo aconsejar que esté integrada únicamente por técnicos pues la conveniencia de adquisición nunca es meramente técnica.

Sólo para que tengamos algunas muestras de lo dudoso que es el procedimiento de adjudicaciones en Rivera, basta con mirar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a la Intendencia que administra Tabaré Viera.

En el año 2006, el TCR le observó un contrato por arrendamiento por un camión por el período de un año, por superar el monto de límite de compra directa. O sea, debería haber iniciado el proceso de llamado a licitación. Pero no lo hizo, lo adjudicó directamente.

El mismo procedimiento fue observado en 5 diferentes transacciones, también en diciembre de 2005, beneficiando siempre al mismo oferente.

También superó el tope de compra directa en febrero de 2005 con los Tríos Eléctricos para carnaval por 14.500 dólares; en junio de 2005, en un total de $ 85.951, por pavimentación sin siquiera haber solicitado la intervención del TCR; en setiembre de 2005 y enero de 2006, por la contratación de la misma retroexcavadora por $ 90.000; por una bulldozer dos veces en 4 meses por un total de $ 174.600; en febrero de 2006, en el mantenimiento de semáforos por $ 154.980, y por reparación de pavimentos, $ 117.000.

 

Pero hay un olor a podrido más fuerte aun.

En las observaciones de noviembre y diciembre de 2005 se reiteraron gastos por un total de $ 127.648, todas compras a una misma casa de neumáticos de Rivera; lo que huele mal es que todas son de fechas cercanas y por el mismo monto.

¿Se estará incurriendo en el fraccionamiento de las compras para evitar llegar al tope del monto de llamado a licitación? Lo cual es criminal.

¿Y el particular caso del señor Cesar García Costa, edil colorado en Montevideo contratado por la Intendencia de Rivera, que es lo mismo que decir contratado por Tabaré Viera como técnico de comunicación para realizar el Plan Integral de Calidad turística? Dicha contratación también excede el tope de contratación directa. Lo que también huele mal es que este señor aparece luego de su contratación como parte del equipo responsable del quincenario colorado «Opinar» que responde a Tabaré Viera.

Si esto se confirma, estará claro que la Intendencia entorpece la presentación de otros oferentes a sus llamados y le niega la posibilidad a varios de competir.

¿Quiénes son afectados con adjudicaciones así realizadas? Los riverenses. Los empresarios, los profesionales, los trabajadores riverenses y a su vez todos los uruguayos que pretenden contratar con la Intendencia de Rivera mediante reglas claras.

¿Quiénes se benefician con estas adjudicaciones? Los mismos de siempre, los que siempre están para aplaudir las resoluciones del intendente, los que nunca pierden con este gobierno y siempre ganan. Los mismos de siempre.

El control previo en la Comisión Asesora de Adjudicaciones por parte de ediles de todos los partidos evitaría estos procedimientos.