Por una consulta popular

En su segunda presentación en sociedad, el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto fue nuevamente rechazado en una de las cámaras legislativas. En 2004, un proyecto de ley de similares características había naufragado en el Senado luego de haber sido aprobado en la Cámara baja.

No caben dudas a esta altura de que sigue produciéndose un divorcio entre la mayoría de la clase política y la mayoría de la sociedad. La iniciativa de despenalizar el aborto es bien vista por más del 60 por ciento de la sociedad uruguaya pero es rechazada por la mayoría de nuestros políticos. Los representantes del pueblo, lejos de hacer suyas las aspiraciones y reclamos de sus representados, adoptan una postura contraria que no refleja el sentir de la mayoría; hacen oídos sordos al clamor ciudadano y cierran los ojos a la realidad. Claro, es una realidad incómoda, injusta y signada por una buena dosis de hipocresía; y es en cierto modo explicable que se prefiera soslayarla en vez de enfrentarla, porque hacerle frente implica malquistarse con grupos de presión que, aunque minoritarios, ejercen un incuestionable poder sobre la sociedad y sobre los políticos; por si esto fuera poco, supone, además, revisar y poner en cuestión viejos prejuicios, preconceptos y convicciones religiosas.

De modo, pues, que los viejos valores conservadores vinculados a una pacatería obsoleta y a códigos morales injustos e hipócritas, han salido triunfantes otra vez. Una vez más, los uruguayos –y en particular las uruguayas– deberán posponer su aspiración de que la interrupción del embarazo deje de ser considerada un delito y penada, por tanto, con la privación de libertad. Todo seguirá como hasta ahora. Seguirán practicándose más de 30 mil abortos (todos clandestinos, por supuesto) por año. Las adolescentes pobres seguirán pariendo hijos de los que no podrán ocuparse. Las mujeres pobres recurrirán a los buenos oficios de alguna partera de barrio que interrumpirá su embarazo no deseado en dudosas condiciones de higiene; y si como consecuencia de ese aborto inseguro, la paciente sufre una infección, irá a un hospital arriesgando ser procesada por el delito de aborto si no muere antes. Las mujeres que disponen de medios, por su parte, seguirán recurriendo a clínicas clandestinas pero seguras y, por tanto, mucho más caras, donde se practicarán un «legrado terapéutico». Y, finalmente, estas clínicas privadas seguirán lucrando escandalosamente al margen de todo control estatal de parte del MSP y de parte de la DGI. Pero los políticos que, por razones filosóficas, religiosas, morales o de la índole que sea, votaron contra la despenalización del aborto, podrán dormir en paz con su conciencia y con su dios porque se mantuvieron incólumes en sus convicciones y el aborto sigue siendo un crimen.

A pesar de todo, mantenemos la esperanza de que los políticos revean su postura, recapaciten, y se pongan en serio a buscar una solución al problema, un problema cuya solución no puede dejarse librada a una «cuestión de conciencia» de cada legislador. Como con acierto dijo la senadora Susana Dalmás, lo que puede considerarse una cuestión de conciencia es la decisión personal que puede presentarse a una mujer ante un embarazo no deseado y tener que optar entre continuar con el mismo o interrumpirlo. Pero el voto a favor o en contra de la despenalización del aborto en el ámbito legislativo no es una cuestión de conciencia de cada legislador, sino una cuestión política.

Después de la sesión del miércoles, ha venido cobrando fuerza la idea de una consulta popular para dirimir el delicado asunto. Consideramos que es una buena iniciativa, y pensamos que es posible, entre todos, encontrar los caminos para habilitarla.

No se puede seguir dando la espalda a una realidad que a todos nos convoca. *