Crecimiento sustentable, regulación y administración de la justicia

E l discurso oficial en materia económica permite entrever la progresiva preocupación que tiene el gobierno respecto a la sustentabilidad del crecimiento. Este es el estadio sobre el cual la izquierda ha venido aprendiendo a gestionar la continuidad de una salida compleja de la crisis de 2002, incorporándole matices y valores propios, que explican de alguna manera el derecho que tiene la fuerza política a pedirle a la ciudadanía su voto para un período más de gobierno.

En esta perspectiva, el gobierno está gestionando con dificultades crecientes la estabilidad como requisito que asegure la continuidad de un crecimiento que –según marchan las cosas– agregará al término de la presente administración un tercio de la riqueza real disponible a fines de 2004. El desequilibrio –precipitado por una inflación de causas múltiples– se extiende desde los cambios de esos precios relativos a diversas esferas de la actividad nacional. En atención a ello, desde la primera semana del mes, el gobierno ha emitido las señales necesarias para quebrar las expectativas que desencadenan especulaciones retroalimentadas. Esas señales suponen compromisos fuertes. De ahora en más, el mercado y los ciudadanos observaremos y participaremos en esa batalla por la estabilidad observando atentamente al Poder Ejecutivo y al Banco Central.

Pero la sustentabilidad del crecimiento no se resuelve sólo con estabilidad y buena administración habilitando el juego del mercado. Hay otras contribuciones. Desde otros pilares de su política el gobierno intenta generar señales de similar firmeza en procura de afirmar y mejorar la institucionalidad. Sin ello, ningún logro es sustentable. El país ha superado el espasmo e intenta recuperar la confianza. La propia dinámica de ese crecimiento cuya sustentabilidad aparece hoy como preocupación principal del gobierno, supone la necesidad de crear en los tiempos necesarios una fortaleza institucional que no deje duda sobre la capacidad que tendrá el Estado para administrar la cosa pública en escenarios más complejos. Ese proceso es más oscuro aún que el financiero y monetario a los ojos de la población y sus representantes.

En ese pilar de transformaciones y fortalecimiento institucional, desde el cual se procura alimentar la confianza en la capacidad del gobierno y el Estado de gestionar situaciones más complejas, aparecen preocupaciones que surgen del ámbito económico pero cuya solución real desborda ampliamente los límites de la política y la misión del equipo económico. Estas transformaciones tienen que ver con el régimen de competencia, la regulación moderna y la administración de la Justicia. Hay en esta línea de preocupaciones «económicas» que desbordan el marco de exigibilidad y competencia del equipo económico, una referencia constante a la lentitud de adecuación legal y del administrador de justicia en este proceso. Es cierto que esa molestia con la lentitud y la agresividad de los órganos de competencia y el propio administrador de justicia no es motivo de demandas y confrontación fuerte. Es comprensible esa elusión en el tratamiento público del tema. Empero, desde la independencia de la observación atenta de la gestión gubernamental parece obvio que no va quedando mucho tiempo para que los administradores de justicia y los órganos de aplicación de la nueva legislación de competencia o los reguladores de escasa independencia pasen a demandar en términos más exigentes porciones sustancialmente mayores de atención y recursos para cumplir sus respectivas misiones. En las cuatro últimas legislaturas se ha avanzado mucho en la creación y modernización de los códigos. Hoy no sería posible que funcionara el sistema bancario sin la Ley de diciembre de 2002, pero esa misma dimensión consciente de la seguridad bancaria clama ahora por una consideración legislativa más urgente del proyecto de modificación de la Ley Orgánica del BCU. Luego de haberse ventilado la fundamentación de la Ley 18.159 de julio pasado, nadie imagina cómo se pueden haber dirimido los problemas de competencia en la economía uruguaya en el pasado. Algo similar sucede con el proyecto de modificación de la ley de quiebras y reestructura empresarial, actualmente en discusión legislativa. ¿Cuál era el verdadero código de estímulos y sanciones en la actividad económica del país, carente de estas normas básicas o disposiciones complementarias contenidas en las leyes de rendición de cuentas y algunas disposiciones normativas del nuevo sistema tributario?

El problema es el tiempo disponible para completar el nuevo marco legal del quehacer económico financiero del país y la calidad de sus jueces y administradores. Cada vez que la dinámica del crecimiento expone al país a conflictos de interés o vinculados al propio ciclo, aparecen los defectos de los contratos y la mediatización de los órganos competentes de administrar justicia y educar en ella. En ese pilar públicamente desatendido, se juega el bienestar y la confianza pública. Bastante más por cierto que lo que se juega en los mil inventos para redistribuir renta o asistir a quienes ya han sido desplazados del sistema. *