El informe Davrieux sobre contrataciones

Recién ha sido remitida y está empezando a ser estudiada la respuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dirigida por el contador Ariel Davrieux al pedido de informes de la bancada de Senadores del Frente Amplio-Encuentro Progresista.

Una primera mirada sobre el cuantioso material enviado permite avanzar algunas conclusiones acerca de estas prácticas que ahora, para evidente malestar del elenco gobernante, afloran a la luz pública.

En primer lugar resulta absolutamente impresentable la afirmación del responsable de la OPP, contador Davrieux, en el sentido de la imposibilidad de brindar información anterior a 1995.

Informar sobre los datos del período 1985-1995, también bajo la égida de Davrieux, supondría «un arduo trabajo».

Con aire de circunstancias y colocado en la figura coreográfica del «administrador ahorrativo», Davrieux se coloca en la posición del austero, del que le quiere ahorrar gastos al país y sostiene que «retrotraer la búsqueda a años anteriores determinaría un alto costo para la administración».

Encontrar tales datos, «cada año insumiría varios meses de investigación con el agravante que supone la imprecisión y parcialidad de la información archivada a medida que retrocedemos en el tiempo».

Por momentos surge la duda de si Davrieux no se estará refiriendo a contratos de la época Artiguista o de la Guerra Grande.

Pero no. Se trata de las administraciones de Sanguinetti y Lacalle, entre diez y quince años atrás.

La oficina que presupuesta y planea no puede archivar sus propios antecedentes. No tiene pasado escrito. Increíble.

En segundo lugar, se está hablando de más de 9.500 contratos reconocidos por la parca OPP, la olvidadiza planeadora del futuro.

9.500 contratos con un costo de 80 millones de dólares, es decir, movimiento de personas, funciones y recursos considerables.

Además, ¿en qué momento se despliega esta exuberante floración de empleos discretos y bien remunerados?.

Pues bien, la zafra transcurre en momentos en que, a propósito de abatir el déficit fiscal, se promueven políticas llamadas de «desburocratización» incentivando el retiro de funcionarios públicos tanto en la administración central como en las empresas públicas.

De donde se deriva que, una vez más, los sectores dirigentes de los partidos tradicionales en el gobierno le han dado fuerte nuevamente a la matraca del doble discurso.

Otra observación que surge en una ojeada a vuelo de pájaro es la proliferación de nombres que aparecen vinculados personal o familiarmente al político, muchos de los cuales aparecen siendo reconocidos por la OPP como en especialistas en casi todas las cuestiones, aún las más variadas.

Ministros, diputados, subsecretarios y directores de empresas públicas aparecen como dotados de una especial capacidad de sobrevivencia disfrutando de los recursos del Estado.

Parecería que tiende a prevalecer una suerte de «espíritu de casta» que dispone de los recursos públicos como si fueran patrimonio propio personal o familiar de la elite que controla el Estado y la dirección de los partidos de gobierno.

Entre los elementos que resultan particularmente desconcertantes está la presencia entre los beneficiarios de los contratos subterráneos de un número considerable de periodistas, investigadores periodísticos, politólogos y «consultores».

En algunos casos, la condición de estar «a sueldo del príncipe» contribuiría a explicar determinadas conductas de obsecuencia ante el «statu quo», cuando no de frenético odio a cualquier alternativa progresista.

La información desconcierta por ser, hasta ahora, en muchos casos desconocida.

Colocados en la selecta columna de los agraciados por el poder, muchos de estos «formadores de opinión» suelen presentarse cubiertos por los donaires de «periodistas independientes aferrados a las exigencias de la ética profesional».

De este modo, recatado, que no es el único, el poder político, extiende, hacia otras zonas del quehacer ciudadano, su gravitación y su tendencia a perpetuarse.

La ejecución incontrolada y secreta de los contratos de arrendamientos de servicios es una práctica viciosa de las administraciones conservadoras que atenta contra valores fundamentales de la democracia republicana.