La estrategia conservadora y sus aliados

La comparecencia del ministro Rossi en régimen de Comisión General ante el Senado parece enmarcarse en una estrategia del gobierno que responde a la necesidad de contrarrestar la ofensiva de los sectores conservadores.

Salvo en contados asuntos en los que obviamente hay consenso, blancos y colorados llevan adelante una oposición sistemática y destructiva por más que intenten disfrazarla de constructiva. Para ello cuentan no sólo con el ámbito parlamentario, donde se despachan a gusto durante las innumerables interpelaciones o llamados a sala, sino que cuentan, además, con un aliado fundamental e incondicional: los grandes medios de comunicación masiva, vehículo clave para acercar a la población las críticas vociferadas a los cuatro vientos por los principales dirigentes conservadores. Fue a través de esa prédica constante, machacona e irreflexiva, que lograron instalar en la sociedad la percepción de que la reforma tributaria perjudicaría a todos los uruguayos, o el viejo fantasma de la inseguridad.

Bajo el disfraz de celosos guardianes de los intereses de la nación, adoptando una postura de fiscales implacables que denuncian los «negociados» del gobierno «totalitario», los principales líderes blancos y colorados han venido desarrollando una meticulosa tarea de desacreditar al gobierno a los ojos de la opinión pública. De esa manera, pretenden internalizar en el inconsciente colectivo la idea de que el gobierno no es democrático, que no cumple con lo prometido en la campaña electoral, que no es transparente, y que es incapaz de resolver los problemas de la gente.

Es así que hubimos de asistir a un circo patético y traído de los pelos con motivo de la famosa «valija» llena de dólares con que el satánico gobierno venezolano pensaba sobornar a altos funcionarios del gobierno uruguayo. Este recurso de los nerviosos dirigentes conservadores se enmarcaba, a su vez, en la furibunda campaña anti-Chávez (enemigo de la libertad de prensa) en la que se hizo hincapié en la denuncia de los acuerdos de Ancap con Pdvsa. Innúmeras fueron las visitas que hubo de hacer el ministro Lepra acompañado del Directorio de Ancap al Parlamento para satisfacer la histeria conservadora.

Si bien es cierto que el Parlamento tiene la «sagrada misión de desconfiar», hay casos en que la desconfianza se extralimita y se parece más bien a un afán de figuración y al objetivo de ensuciar la cancha.

Pero, retomando la idea expuesta al comienzo de este editorial, digamos que la comparecencia de Víctor Rossi ante el Senado no sólo sirvió para aclarar las dudas sobre los acuerdos de Pluna (por más que la oposición haya expresado una y otra vez que los jerarcas no habían aclarado nada), sino que permitió, además, desnudar la burda maniobra del Tribunal de Cuentas (integrado con mayoría colorada y un solo ministro frentista, de acuerdo con el resultado de las elecciones de 1994), cuyo dictamen sobre los diversos contratos suscritos entre Pluna y su eventual futuro socio se extralimita e ingresa en terreno que le es ajeno, como lo es evaluar la conveniencia o no de dichos contratos. El TCR es un órgano esencialmente técnico que debe observar irregularidades o detectar ilegalidades económico-financieras pero no pronunciarse sobre el éxito o el fracaso de un negocio. El senador Michelini fue claro al respecto cuando sobre el final de la extenuante sesión del miércoles, manifestó su sorpresa por esa actitud del organismo, que jamás se había pronunciado antes sobre convenios, negocios o acuerdos anteriores entre entes estatales y empresas privadas.

No caben dudas de que esa intromisión del TCR obedece a espurios intereses políticos, del mismo modo que las declaraciones públicas –en entrevista de prensa– del presidente de dicho tribunal abonaron el terreno para la estrategia conservadora consistente en instalar sospechas y generar dudas sobre la cristalinidad del gobierno. *