Sin anestesia

Mientras en Uruguay los anestesistas del Ministerio de Salud Pública han puesto sus renuncias a disposición de las autoridades, no lejos de aquí, del otro lado del río, más precisamente en Neuquén, en una decisión polémica pero que ha debido aceptarse, la Justicia ha determinado para algunos especialistas que quieren irse al sector privado, en el que ganan más, no podrán hacerlo al menos hasta dentro de seis meses. Así lo ha determinado –según nota del corresponsal de «Clarín» en dicha provincia, Osvaldo Ortiz–, estableciendo el juez actuante que «el derecho a la vida debe prevalecer sobre el laboral».

De cuatro anestesistas con que contaba el Hospital de Neuquén, dos renunciaron hace un tiempo y los dos restantes querían hacerlo ahora. La Cámara Civil, a través de su Sala 1, ha determinado que «la preservación del derecho a la salud y la vida de la población sólo puede asegurarse impidiendo que se vayan del sistema esos médicos, aunque con ello se relegue, por seis meses, el derecho de los profesionales de trabajar donde lo deseen».

Este singular caso ocurrido en Neuquén, de la renuncia de los anestesistas, llegó a la Justicia según el colega Ortiz, por un recurso de amparo presentado por la Defensora del Niño y el Adolescente, Nara Osés, quien planteó que las dimisiones afectarían el derecho a la salud. En nuestro país, en tanto, se ha anunciado que en el caso de producirse la renuncia de los anestesistas que actúan a nivel público, los pacientes serían redistribuidos a hospitales y sanatorios incluso de la órbita privada.

Cabe acotar que el hospital donde se desempeñan ambos anestesistas es el «Castro Rendon», donde se atiende gran parte de la población más carenciada. Hasta hace unos meses contó con 13 especialistas, que luego se redujeron a siete hasta quedar en un dúo al que ahora, pese a su planteo de renuncia, a través de la Justicia se le exige –por lo menos– continuar en su labor obligatoriamente seis meses más hasta conseguir remplazantes.

Los integrantes de la Cámara Civil actuante, los jueces Lorenzo García y Enrique Sánchez, dijeron «que era necesario ponderar cuál era más importante: si el derecho a la vida o recuperación de la salud de los ciudadanos o el derecho a trabajar o dejar de trabajar de los anestesistas». Finalmente llegaron a la conclusión de que «la preservación del derecho a la salud y la vida de la población sometida a la atención pública a través del Hospital «Castro Rendon», sólo puede abordarse impidiendo la desafectación de los profesionales». Es decir que para los jueces –y la sentencia tuvo enorme resonancia– el derecho a la vida y la salud es prioritario frente al derecho al trabajo.

Los jueces citaron el Código de Etica Médica Internacional que dice que «el médico no debe permitir que motivos de lucro influyan en el ejercicio libre e independiente de su juicio profesional, siendo obligación prestar atención médica en caso de urgencia como deber humanitario, a menos de que esté seguro de que otros médicos pueden o quieren brindar esa atención».

Los anestesistas en algunos países de América son «clanes» con gran fuerza propia y en el caso de Neuquén, según lo dijo el ministro de Salud Provincial, Fernando Gore, no sólo hay muchos mayores de 50 años, sino que la organización que los agrupa ha puesto resistencia a la formación de nuevos profesionales, lo que crea un problema serio dado que los existentes rehúyen por los bajos sueldos a la actividad pública y se vuelcan a la privada.

Cabe acotar que en esta provincia argentina el problema de falta de personal no sólo alcanza a los médicos, y muy especialmente a cirujanos y anestesistas, sino que también al sector de enfermería, hecho que desgraciadamente se extiende a todo el Cono Sur.

La inusual decisión de la Justicia ya ha alzado voces de prestigiosos abogados en apoyo o crítica de la misma. Daniel Sabasy, abogado constitucionalista de la Universidad de Buenos Aires, dice que esto es «casi un regreso a la esclavitud, dado que no se pude exigir que una persona renuncie a su derecho a la libertad de trabajo».

En tanto Ernesto Ahuad, prestigioso abogado laboralista, afirma que «la Constitución Nacional le garantiza al empleado público la estabilidad. No puede ser cesanteado sin previo sumario y causa justificada. Tal vez por esto pueda entenderse, dijo también, que un empleado del Estado no puede renunciar intempestivamente como uno privado».

Anestesistas, abogados y autoridades del Ministerio de Salud Pública tienen para «entretenerse» con este caso especial ocurrido en Neuquén, proyectándolo a la situación que se plantea en nuestro medio, por cierto, muy parecida.