La política al servicio de la economía

L a posmodernidad ha traído no sólo la globalización de la economía y de las comunicaciones, sino también (y esto es lo preocupante), la globalización uniformizadora de ciertas pautas culturales.

Entre ellas –y como componente insoslayable de la ideología neoliberal– es preciso destacar la desvalorización de la política, una actividad devaluada frente al pragmatismo que exigen los tiempos actuales. En este caso, la mala imagen de la política no es de ahora; la desconfianza del ciudadano medio en la política y en los hombres que a ella se dedican no es de hoy. Por varias razones –algunas de recibo y otras no– la actividad política ha sido percibida desde hace unos cuantos decenios como una profesión innoble en la que prevalecen intereses espurios y que por lo general cae en excesos demagógicos. A tal punto esto es así que hasta en una de las tiras cómicas de Quino de los años sesenta se alude a la política como «esa mala palabra».

En Uruguay, esa percepción se ha incorporado al inconsciente colectivo medio con particular fuerza, y los reproductores criollos de los principios del fundamentalismo neoliberal aprovechan la coyuntura para tratar de imponer sus criterios. En ese sentido, vale la pena reproducir parte del editorial de El Observador de ayer, jueves 13 de setiembre, en el que se aboga por la despolitización del Banco Central, de los organismos de contralor (Corte Electoral y Tribunal de Cuentas) y de las empresas públicas en general. Veamos: «Reemplazar figuras de notoria filiación partidaria con buenos administradores y técnicos por su competencia confiable y no por su color político es la mejor forma de asegurar el funcionamiento equilibrado y efectivo de organismos públicos. (…) En una organización ideal el músculo partidario debe estar representado en sólo dos áreas: el Poder Ejecutivo (así como los gobiernos departamentales) y el Legislativo. Daría garantías de equidad y eficiencia si todo el resto de la maquinaria estatal estuviera a cargo de figuras escogidas por su idoneidad, sin estar sujetas a presiones patidarias y sin otro compromiso que el cumplimiento esricto de sus funciones».

He aquí plasmado el ideal republicano del neoliberalismo. Lo político debe ocupar un segundo plano para que reine la eficacia que nos garantizan los tecnócratas apolíticos. Hace ya unos años, Ignacio Ramonet advertía sobre este principio caro a la escuela de Chicago y a los preceptos de Mont Pélerin. Exponiendo las bases del «pensamiento único» del neoliberalismo, Ramonet explica que el primer principio postula la supremacía de lo económico sobre lo político. Y cita el caso del Banco de Francia, que en 1994 obtuvo su independencia como forma de ponerlo «a resguardo de los avatares políticos»; y cita algunas expresiones de su entonces director, Jean-Claude Trichet: «El Banco de Francia es independiente y apolítico, y está más allá de todo partidismo (…) Pedimos reducir el déficit público y llevamos a cabo una estrategia de moneda estable»; y agrega Ramonet: «¡Como si esos dos objetivos no fueran políticos!».

En definitiva, lo que se pretende es que los resortes de la economía estén en manos de tecnócratas incontaminados de cuestiones políticas, que no deban rendir cuentas a órgano partidario alguno y que gocen de inmunidad para no ser molestados en tediosas interpelaciones parlamentarias. Una especie de robots programados para velar por el fiel cumplimiento de las sagradas metas impuestas por los organismos financieros internacionales. Funcionarios confiables porque están al margen de las preocupaciones cotidianas del pueblo y sólo se ocupan de que las cuentas cierren y los indicadores macroeconómicos exhiban su rotundo éxito, sin dejarse influir por las inquietudes sociales que suelen tener los políticos.

Debemos estar alertas ante este embate economicista y antipolítico, pues las cosas deben ser exactamente al revés: la economía y las finanzas sólo tienen sentido si propenden al bienestar de las gentes. *