Fundamentalismos perniciosos

Gran revuelo han causado ciertas declaraciones del presidente Vázquez en Ecuador a propósito de los monopolios estatales y la posibilidad de hacerlos caer; concretamente, el de la telefonía fija.

Inmediatamente de conocidas tales manifestaciones favorables, en principio, a desmonopolizar las empresas públicas, se alzaron voces contrarias. Desde algunos sectores del partido de gobierno se cuestionó duramente esa posibilidad basándose en la trayectoria del Frente Amplio, que desde siempre defendió los monopolios estatales impulsando referendos contrarios a los intentos anteriores en ese mismo sentido. Por otro lado, el sindicato que nuclea a los funcionarios de Antel hizo saber su rechazo a la idea e instó a que el asunto sea analizado en la próxima sesión de la Mesa Representativa del PIT-CNT.

En nuestro editorial de ayer nos ocupamos tangencialmente del tema al abordar el asunto de la concesión de la sala de juego del Hotel Carrasco. Decíamos que «la izquierda ha enarbolado desde siempre la bandera contraria a las privatizaciones, y llevó a cabo una lucha denodada, junto a la central sindical y ocasionalmente junto a algún sector de los partidos tradicionales, contra todos los intentos privatizadores de los diferentes gobiernos que la precedieron en el ejercicio del gobierno. Como ejemplos emblemáticos recordemos los referendos impulsados contra la privatización de Antel y contra la asociación de Ancap con privados (…) No es conveniente que las políticas energéticas, de comunicaciones o de suministro de agua potable dependan del afán de lucro de un empresario».

Ahora bien, al igual que en el caso del Hotel Carrasco ­para cuya sala de juegos se prevé una concesión­ nadie ha hablado aquí de «privatización». El casino no se privatiza sino que su explotación y gerenciamiento se dan en concesión; el municipio no está enajenando nada ni está desprendiéndose de su patrimonio. Y en lo que tiene que ver con la telefonía fija, tampoco estaríamos ante la venta de una empresa pública, según lo que ha trascendido.

Pero más allá de estas diferenciaciones, lo que no parece conveniente es caer en fundamentalismos, sean del signo que sean. No olvidemos, por otra parte, que el ministro Lepra, preguntado por los periodistas acerca del alcance de las declaraciones presidenciales, expresó que dichos temas no están en la agenda del gobierno y que, eventualmente, de surgir la posibilidad, se analizaría el caso, se discutiría en los ámbitos correspondientes y se sometería la propuesta concreta a la aprobación del electorado mediante un plebiscito u otro recurso de democracia directa.

Por tanto, nos parece un tanto apresurada la reacción del gremio. Los fundamentalismos no son buena cosa y el fundamentalismo estatista tampoco lo es. Lo que corresponde es tener una cabeza abierta, conservar el espíritu crítico y mantener una actitud de flexibilidad que nos permita reconocer errores y variar de posturas cuando la coyuntura lo requiere.

Lo reiteramos: no está en juego la enajenación de una empresa pública. No se trata de «vender el rico patrimonio» del Estado ni de abdicar de principios o arriar banderas. Analicemos, cuando llegue el momento de hacerlo, la propuesta, sus pro y sus contra, y consultemos, sin esquematismos, a los ciudadanos. *