Concesión no es privatización

L a Junta Departamental de Montevideo aprobó –con los votos oficialistas y el del edil colorado Gloodtdofsky– los pliegos de licitación para la concesión a una empresa privada del Hotel Casino Carrasco.

La izquierda ha enarbolado desde siempre la bandera contraria a las privatizaciones, y llevó a cabo una lucha denodada, junto a la central sindical y ocasionalmente junto a algún sector de los partidos tradicionales, contra todos los intentos privatizadores de los diferentes gobiernos que la precedieron en el ejercicio del gobierno. Como ejemplos emblemáticos recordemos los referendos impulsados contra la privatización de Antel y contra la asociación de Ancap con privados. Ambos intentos privatizadores se enmarcaban en la doctrina neoliberal, uno de cuyos postulados más enfáticamente divulgados promovía el achicamiento del Estado como condición sine qua non para que el país prosperara. Recuérdese que la privatización de Antel ocurrió bajo el gobierno del doctor Lacalle, a comienzos de los noventa, cuando su homólogo argentino emprendía, también, su nefasta obra de desmantelamiento del Estado.

Entre las razones esgrimidas por las fuerzas progresistas para oponerse a las privatizaciones, cabe destacar la idea de que ciertos servicios públicos y empresas estratégicas deben necesariamente estar en manos del Estado pues la energía (Ancap y UTE) o las comunicaciones (Antel) constituyen áreas estratégicas que no pueden concederse en explotación a privados. Más allá de que esos rubros sean «buenos negocios» y ayuden a engrosar el erario, el Estado no puede desentenderse de áreas clave tan importantes pues estaría en tela de juicio la propia soberanía de la nación. No es conveniente que las políticas energéticas, de comunicaciones o de suministro de agua potable dependan del afán de lucro de un empresario.

Ahora bien, no todos los emprendimientos actualmente en manos del Estado tienen ese carácter estratégico que obliga a mantenerlos en la órbita estatal. Es el caso, entre otros, de los casinos y salas de juego.

Cuando, por la razón que sea (mala gestión o dolo u otra causa exógena) un establecimiento de juegos de azar deja de rendir dividendos y empieza a dar pérdidas, no tiene sentido aferrarse a la bandera estatista como un capricho, en una actitud maniquea, esquemática e inflexible. En estos casos, la opción plantea dos posibilidades: o se resuelve inyectar la suma de dinero suficiente para permitir que el Estado siga gerenciando la empresa y corrija las situaciones que llevaron al déficit, o se resuelve desistir del negocio y se licita su explotación.

Esta última ha sido la elección de la actual administración municipal, tomada luego de innumerables estudios, consultas y análisis de factibilidad. No nos proponemos aquí defender esta opción o abogar por la otra. Pero nos parece razonable la decisión municipal por cuanto es una solución al problema.

Una solución correcta, inobjetable, máxime si se tiene en cuenta que los pliegos de condiciones para el llamado a licitación han sido elaborados de manera tal de prever todo posible inconveniente poniendo a cubierto el interés del gobierno municipal –y el de los ciudadanos– de los posibles excesos o incumplimientos del concesionario. Multas, seguros y todo un sistema de garantías están estampados en los pliegos, así como las condiciones, canon, etcétera, minuciosamente estipulados a fin de garantizar que el municipio esté cubierto ante cualquier eventualidad. En definitiva, el gobierno municipal no está enajenando su patrimonio ni va a dejar abandonados en el desamparo a los trabajadores.

Por todo ello, no entendemos la furiosa oposición de los funcionarios de los casinos municipales a la concesión del Casino Carrasco. La campaña en contra que están desplegando no responde a la defensa de un legítimo derecho amenazado, sino que tiene un inconfundible tufillo político. *