Soberanía e integración regional

La integración latinoamericana constituye un proyecto político en marcha instrumentado por los gobiernos del área, mediante tratados que abarcan subregiones diversas o la región entera. Por otra parte, la integración aparece como un fenómeno social complejo que es producto de sustanciales transformaciones del sistema internacional clásico hacia un sistema mundial emergente, caracterizado por una creciente pérdida de autonomía de las naciones estado.

En esa dinámica , la aseveración de que un Parlamento regional como el del Mercosur puede contribuir a resolver los intereses transnacionales y que los gobiernos nacionales continuarán resolviendo las contradicciones de intereses acaecidas en su propio seno, concuerda bien y fielmente con la realidad actual y posible.

Sin embargo, bajo la premisa de la pluralidad ideológica y de estándares de calidad democrática y plena vigencia de los derechos humanos, parece haber coincidencia en el mundo del progresismo latinoamericano de que nunca antes en la historia continental se han dado condiciones subjetivas y objetivas tan visibles como para hacer realidad la construcción de un nuevo centro político. En este presente de gobiernos progresistas y ante un ciclo económico expansivo los desafíos de la integración parecen estar de la mano de la profundización democrática y de un crecimiento con justa distribución de la riqueza e inclusión social.

Desde la firma del Tratado en Asunción el Mercosur ha atravesado, entre otros avatares, la estrategia del poder hegemónico mundial sustentado en la iniciativa de Asociación de Libre Comercio para las Américas (ALCA.) que ha pretendido estimular la fragmentación, ejerciendo el bilateralismo, mediante ofertas diferenciadas a las subregiones, perjudicando severamente a los referentes del tratado asunceño.

Bajo la premisa de que el novel Parlamento del bloque regional no tiene como propósito generar derecho positivo o erigirse «ab initio» como creador de normas jurídicas de carácter imperativo para los estados parte o asociados que se integren, sí debería propender a actuar como facilitador en el tramado de objetivos políticos estratégicos para el desarrollo regional y en áreas tan diversas y sensibles como la infraestructura y conectividad, la energía, la educación y el rescate de las culturas autóctonas y representativas de los pueblos originarios, las cuestiones migratorias, el derecho a voto desde el exterior (que a uruguayos y chilenos nos deben nuestros Parlamentos nacionales), entre muchos otros.

Estamos ante un cruce de caminos para reponer en América del Sur, en particular, una marca identitaria propia impulsada por un claro desplazamiento desde un paradigma economicista hacia un modelo netamente político de integración.

Nadie absolutamente posee una receta excluyente de integración política, frente a la heterogeneidad de paradigmas vigentes y otros en franca decadencia.

Lo esencial para amplificar el debate en la región y en la construcción de una integración que conlleve progreso tangible para los pueblos radica en una discusión transversal que afecte lo político, cultural e ideológico sobre la cuestión de la soberanía . No existe soberanía cuando en una frontera de pueblos divididos aún por guerras añejas de corte imperialista, campea la miseria y la marginación.

Fue un ex canciller y ministro de Hidrocarburos de la hermana República de Bolivia, Antonio Araníbar, quien planteó hace algunos años la necesidad de crear un polo de desarrollo petroquímico en la triple frontera de Chile, Bolivia y Perú que representara prosperidad para sus respectivos pueblos. Conforme a esto deben coadyuvar en el proceso de integración la interacción ciudadana y los gobiernos locales, a través del hermanamiento de ciudades y regiones fronterizas, complementariamente al papel central de las cancillerías en la forja de una Patria Grande para todos.

Habrá definitivamente soberanía cuando exista justicia social y progreso que coloque al hombre en el centro del proceso integrador y en el umbral de los componentes de un desarrollo humano integral con vivienda, salud, salario digno y educación, conformando un salto cualitativo frente a la actual globalización retrógrada impuesta desde los centros de poder mundial.

Debería finalmente existir, a partir de la creación del Parlamento regional, una coordinación política e institucional permanente entre las Cumbres de Jefes de Estado sudamericanas -las cuales adolecen de una falta de institucionalidad eficaz y por tanto de una sistematización que plasme los objetivos estratégicos aludidos- y la entidad representativa de todas las sensibilidades políticas expresada en el novel instrumento parlamentario. *