Escrito por: RICARDO CAPPELETTI - Analista
Resulta poco creíble que un sujeto proceda a rociar con bencina a su mujer embarazada de ocho meses en el interior de un automóvil, quemarla y que esta conducta criminal, estigma de un mundo violento en el que los más indefensos llevan la peor parte, pueda resultar impune.
El caso invocado ocurrió hace pocos días en la austral ciudad de Punta Arenas, Chile y ha conmovido a la opinión pública por su brutalidad, por las características de una patología criminal, en reiteradas oportunidades agresora sobre el sexo opuesto y porque estamos en el umbral de la “Décima Conferencia Regional de La mujer de América Latina y El Caribe” a celebrarse en Quito, Ecuador, a partir del 6 de agosto.
Más de seiscientas mujeres mueren anualmente en Guatemala, nación que lidera la fatal y brutal estadística de la mano de psicópatas que las ultrajan y terminan con su existencia.
Una sociedad como la uruguaya, que fuera paradigma a comienzos del Siglo XX, en la reivindicación de los derechos de la mujer, no puede permanecer indiferente frente a tal drama. Opera en nuestro seno y bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social su referente obligado para toda aquella fémina violentada, instrumento de la reafirmación femenina como sujeto de derechos y obligaciones, donde coexisten diversos programas tendientes a protegerla de la violencia intrafamiliar y a reafirmar el rol del Estado en la protección de los más débiles. Ahora bien, colocar esta cuestión de derechos humanos elementales en el centro del debate público no les corresponde exclusivamente a ellas. Por cierto que nos corresponde también a los hombres, en particular a quienes tuvimos la dicha de ser cuidados por una madre, protegidos y contenidos afectivamente por quienes se han constituido desde el comienzo de los tiempos en el eje central de la trama familiar. Los temas de género cobran cada día mayor transversalidad, superando la diversidad de ideologías y sistemas políticos, las creencias y religiones milenarias, pues la mujer se ha ganado con su lucha, una vida más digna. Paradojalmente, la violencia física y sicológica contra su persona aumenta exponencialmente.
Una sociedad que se precie de igualitaria debe plasmar bajo la normativa que regula los derechos laborales –entre muchas otras reivindicaciones– el principio de igualdad para ambos géneros. Esto es: a igual trabajo, igual remuneración.
No sucede así en muchos colectivos sociales de América Latina y el Caribe, donde las mujeres se constituyen en jefas de hogar ante el abandono del hombre y se erigen en el soporte fundamental, pues está probado empíricamente a través de estudios de organismos internacionales que administran mejor los recursos volcados a la educación de sus hijos, a su cuidado y alimentación.
Esta tendencia se da con mayor énfasis en aquellas familias de extrema pobreza, en las que el hombre en su rol de padre está ausente y lo que produce lo destina a alcohol y tabaco. En estos días y a raíz de experiencias traumáticas y de las 32 mujeres muertas durante 2007 en Chile, un proyecto de ley, perteneciente al senador socialista Camilo Escalona, verá la luz pública apuntando a protegerlas, aun fuera de la hipótesis de la convivencia. También busca que el Ministerio Público inicie sus actuaciones sin previa consulta a los tribunales de familia. Otro proyecto en discusión pretende innovar con una nueva figura legal en la legislatura penal: el “femicidio”, contrapartida del “homicidio”.
En suma, creemos que equiparar los roles en una sociedad como la latinoamericana, culturalmente proclive al machismo, representará un muy buen comienzo para enaltecer el papel de la familia como núcleo de base social y esencialmente liberar a la mujer de la condición de víctima de cualquier expresión de violencia. *
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