El País sigue tergiversando la historia

E n un extenso editorial dedicado a la bandera de los Treinta y Tres que fuera sustraída hace casi cuarenta años del museo histórico, El País del lunes 30 incursiona, de paso, en la interpretación de los hechos ocurridos entonces.

Con la misma ligereza con que un ultraizquierdista obnubilado suele tildar de fascista (él diría «facho») a cualquier político perteneciente a alguno de los dos partidos tradicionales indiscriminadamente, al editorialista de El País no le tiemblan los dedos al teclear el adjetivo «terrorista» para referirse a los grupos insurgentes que optaron por la lucha armada en los años sesenta. Es así que Tupamaros, Faro, OPR 33, por no citar sino los más notorios, son, según la óptica de El País, «organizaciones terroristas de la época».

Se trata sin dudas de un error conceptual en el que el escriba incurre adrede, para de esa forma crear la necesaria confusión que sigue presentando a los grupos insurgentes como identificados con el mal y abonando así la tesis de «los dos demonios».

La sustracción de la bandera original de los Treinta y Tres Orientales de la casa de Lavalleja no fue una acción terrorista. Eso debe quedar bien claro, más allá de aplaudir o condenar el hecho. Del mismo modo, más allá de compartir o disentir del método empleado, nadie puede sensatamente sostener que las acciones de la guerrilla hayan tenido las características de acciones terroristas. Según la doctrina más aceptada, para que una acción sea catalogada como terrorista, debe causar destrucción y muerte entre la población civil; no debe perseguir otro objetivo que el de sembrar caos y terror en gente ajena por completo al conflicto. Es lo que ocurrió con los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York y los del 8 de marzo de 2004 en Madrid, que no fueron dirigidos contra ningún objetivo militar, sino contra la población civil.

En cambio, tanto la sustracción de la bandera del museo como los asaltos a bancos, los secuestros de personalidades y las acciones contra objetivos militares o policiales que llevaron adelante las organizaciones guerrilleras en nuestro país, así como acciones de neto corte propagandístico, no tuvieron el propósito –ni tuvieron por efecto– generar terror en la población. Y si alguna alarma causaron, fue entre la clase dominante pero no en el resto de la población, que llegó a ver hasta con cierta simpatía algunas acciones que desnudaron corrupción, implicancias, maniobras o connivencia entre gobernantes y empresarios. La población civil temía mucho más la represión desatada por la Policía y el Ejército que el accionar de los grupos insurgentes.

No contento con esta grosera distorsión de la verdad histórica, el editorialista sigue abonando el terreno para que germine definitivamente en la conciencia colectiva la teoría de los dos demonios, mediante la afirmación –dicha como al pasar– de que quienes sustrajeron la bandera pertenecían a «uno de los diez grupos sediciosos responsables del establecimiento de la dictadura en nuestro país». Sic. ¡Qué tupé!

Luego de transcurridos casi cuatro decenios de aquellos acontecimientos, ya nadie duda –sobre todo después de la desclasificación de documentos del Pentágono y de la Casa Blanca– de que el golpe de Estado en Uruguay formaba parte de la estrategia imperialista para acallar la protesta popular e implantar un modelo económico nefasto. De modo que la pertinaz insistencia en atribuir responsabilidades en el quiebre institucional a los grupos insurgentes es una falacia grosera e inmoral que deja libres de culpa a los partidos históricos, a la rosca oligárquica y a la diplomacia yanqui.

Desde estas páginas denunciaremos todas las veces que sea necesario estos burdos intentos por tergiversar la historia. *