Comisión redactora del anteproyecto de ley de educación

Escrito por: WALTER FERNANDEZ VAL - Profesor

Amigas y amigos, si me preguntaran tres razones por las cuales adjudico importancia fundamental a este Congreso Nacional de Educación, respondería lo siguiente: 1-Porque la temática que lo convoca hace a la sustancia del Uruguay como proyecto nacional. 2- Porque está animado por una voluntad de cambios para mejorar el sistema educativo del país. 3- Porque es profundamente democrático y participativo.

Tabaré Vázquez, acto de apertura del Congreso, 29 de noviembre de 2006

El Frente Amplio en su campaña electoral prometió impulsar una nueva ley de educación cimentada sobre procesos de participación popular. Y lo prometido se cumplió. Durante el año 2006 se desarrolló un amplio movimiento de participación ciudadana en torno al tema educación. Constituyó un enorme logro en la vida democrática del país que se realizaran 713 asambleas territoriales con 19.070 participantes.

Se puede inferir ­por la virulencia de los ataques provenientes de los intelectuales de la clase dominante a través de sus medios de comunicación­, que el camino elegido por la fuerza de izquierda fue acertado. Es que una democracia que impulsa formas de participación directa con fuerte base territorial se opone a la colonización ético-cultural proveniente del neoliberalismo.

La sociedad organizada en una compleja red, abierta e inclusiva, de participación real, creó un espacio de opinión pública sobre el cual sólo fue posible incidir participando. Estos ámbitos escapan a la regulación o voluntad de fracciones, partidos o personas, y sus decisiones se centran en formulaciones colectivas que se logran mediante procesos de discusión y debate. El espacio colectivo solamente acepta razones públicas basadas en la razón.

Nunca antes en Uruguay ningún gobierno habilitó una instancia tan profunda de participación en la elaboración de una ley de educación, lo que constituye un sello del primer gobierno frenteamplista. Pero a pesar de semejante logro existe una amenaza que puede diluir el proceso de acumulación de las fuerzas progresistas en el ámbito educativo. Y esta amenaza no proviene de la derecha, sino que es intrínseca de la fuerza de gobierno.

Expresaba la Unidad Temática de Educación del Frente Amplio en el año 2005: “Es necesario construir un gran movimiento, que a través de debates, foros, y asambleas, propicie que la comunidad educativa y los sectores populares se apropien de la elaboración de políticas educativas en nuestro país. La opción metodológica que proponemos para esta instancia se basa en la participación directa de los ciudadanos. Tradicionalmente en nuestro país, los proyectos educativos han sido elaborados en gabinetes cerrados. Revirtiendo esa práctica, proponemos un proceso de construcción basado en la democracia participativa. Únicamente construiremos una educación democrática cuando la misma esté asentada sobre pilares de participación democrática.” ¹

En dos de las características señaladas en el párrafo anterior nos detendremos pues constituyen la idea central de estas notas, y los contrarios en la relación dialéctica que los interrelaciona.

La elaboración de leyes de educación en ámbitos cerrados restringidos se contrapone a una elaboración participativa, colectiva, abierta. Y es contradictorio habilitar un proceso tan amplio de participación ciudadana, para luego cercar la redacción de la ley a un perímetro de elaboración cerrado, hermético.

Luego del debate educativo y tras la entrega del informe final de la CODE presentado en el Palacio Legislativo el 18 de abril pasado, finalizó una de las etapas de elaboración de la ley y se abrió otra. Esta nueva etapa contiene nuevas contradicciones dialécticas, que surgen como reflejo de la contradicción principal.

Estamos totalmente de acuerdo con el Presidente de la República en que la educación hace a la sustancia del Uruguay como proyecto nacional; y más aun en la presente coyuntura histórica donde las fuerzas progresistas registran un avance.

Por esta razón, creemos que la única forma en que puede elaborarse el anteproyecto de la nueva ley de educación luego del proceso de participación habilitado es mediante una Comisión de Redacción que represente a los diferentes estamentos de la institucionalidad y sociedad organizada. Si la redacción quedara acotada a funcionarios del Ministerio sería un error histórico. Y esto no significa que el Poder Ejecutivo no asuma la responsabilidad que le compete, por el contrario, debe concretar esa responsabilidad en forma compartida lo que constituye un acto de política mayor. No basta con requerir la opinión de la ANEP y de la Udelar para esta instancia. La Comisión de Redacción debería estar integrada por representantes del Ministerio, de la ANEP, de la Udelar, de la Comisión de Educación de Diputados y representantes del Congreso Nacional de Educación.

El Frente Amplio accedió al gobierno en medio de una gran construcción colectiva de la esperanza en una alternativa al modelo neoliberal que persiste con fuerza en este siglo XXI. Se viven tiempos de encrucijadas históricas en donde hay que asumir responsabilidades. En medio de las incertidumbres no podemos reproducir las prácticas de la sociedad capitalista, lo que requiere lucidez y adhesión a los principios de cambio hacia sociedades más justas y a la utopía que nos mueve. *

1 “Propuestas para la educación – Documentos 2003-2006″, libro publicado por la Unidad Temática de Educación del FA, página 165.