La despenalización del aborto vuelve a la agenda

E n la última sesión ordinaria de la Junta Departamental de Montevideo, celebrada el jueves 19, la edil Glenda Rondán usó la hora previa para referirse al tema de la salud integral de la mujer.

Inevitablemente, su exposición desembocaría en la defensa de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que el Parlamento se propone estudiar nuevamente, después del fracaso que sufriera el proyecto en la legislatura pasada y a pesar de la oposición expresa del Presidente de la República a la despenalización del aborto.

Nuestra postura ha sido y sigue siendo clara respecto de tan delicado asunto; entendemos que es preciso poner fin a una realidad alarmante que habla de miles de abortos practicados en la clandestinidad, en pésimas condiciones de higiene. Ese hecho, esa realidad, demuestra la total inoperancia de la criminalización del aborto como elemento disuasorio, pues queda palmariamente demostrado que el supuesto efecto desestimulante de la penalización de dicha práctica no es tal y que, a pesar de la legislación penal, la mujer que ha decidido –por la razón que sea– interrumpir su embarazo recurrirá a quien sea y adonde sea para hacerlo, afrontando el riesgo que implica toda conducta criminalizada.

Por otra parte, no hay que perder de vista que el aborto no es percibido como una conducta delictiva por la sociedad; ésta no lo condena como sí condena el hurto, la rapiña, la estafa o el homicidio.

En la sesión de la Junta a que aludimos, la profesora Rondán y su colega Graciela Villar, de Asamblea Uruguay, argumentaron con solidez a favor del proyecto de ley, puntualizando ciertos aspectos que se presentan de manera distorsionada de parte de quienes se oponen a la despenalización del aborto.

Por ejemplo, es preciso insistir en que la norma propuesta no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo si ella así no lo desea.

Pero lo más interesante es la intención de los promotores de la norma de que, una vez aprobada en el Parlamento, se promueva un referendo de manera tal que sea la ciudadanía la que resuelva en definitiva sobre el tema.

Esta iniciativa de someter la delicada cuestión al veredicto popular laudaría el asunto y otorgaría a la ley (en caso de ser ratificada en plebiscito) una legitimidad incuestionable; y en caso contrario (el rechazo mayoritario a la despenalización del aborto), la decisión soberana tendría un peso decisivo y laudaría también la controversia de manera definitiva.

Lo que no es admisible es el mantenimiento de un statu quo inmoral, una situación en la que campea la hipocresía y en la que se promueve la prevalencia de cuestiones de índole religiosa.

La realidad actual, por otra parte, condena a las más pobres, las deja desamparadas, las obliga a recurrir a las clínicas clandestinas y las hace correr el riesgo cierto de morir como consecuencia de la falta de una asepsia adecuada.

Las mujeres pertenecientes a las clases acomodadas, al disponer de otros medios, recurren a clínicas clandestinas pero toleradas donde son atendidas por profesionales y en condiciones correctas de higiene. Pero tanto, unas como otras enfrentan las consecuencias psicológicas del aborto practicado en la clandestinidad.

Es hora de reconocer la realidad, de modo tal que podamos terminar con los abortos clandestinos y con la grosera discriminación que obliga a las mujeres de bajos recursos a correr más riesgos sanitarios que las pudientes.

En definitiva, hay razones de muy diversa índole (razones morales, humanitarias, sanitarias, sociales y psicológicas) para apoyar esta ley de Salud Sexual y Reproductiva con la que se intenta poner fin a una realidad que no se quiere ver pero que nos convoca a todos. *