Entre el cargo público y la emigración

E l nivel de salarios que se paga en nuestro país, sin duda, es extremadamente bajo, especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que la canasta básica de alimentos se encuentra en los 31 mil pesos mensuales. Realmente poca familias llegan a esa cantidad por lo que, más allá de otras consideraciones, es obvio, que se verifiquen carencias en los distintos grupos humanos que, en algunos casos ­por las referidas carencias económicas­ llevan a la desintegración de los mismos. De acuerdo a los resultados de los trabajos realizados por la Dirección Nacional de Estadística (DNE), los salarios del sector privado llegan promedialmente a 7.572 pesos, siendo los del público de 11.935, de la misma moneda, siendo el promedio salarial de los uruguayos la exigua cifra de 8.547 pesos, casi una cuarta parte del valor de la canasta básica de alimentos.

El tema es grave, porque el nivel salarial impide, obviamente, tanto a los trabajadores de la actividad privada como de la pública ­pese a que estos últimos, como se ve, tienen un mejor ingreso­ tener formas de vida medianamente aceptables, haciéndose cargo de alquileres a los niveles que se comercializan las viviendas en nuestro país, y pagar los mínimos vitales de una familia recién constituida. Pero la encuesta de la DNE dice más cosas: por ejemplo que los empleos recientes tienen menor remuneración que los anteriores, siendo del orden de $ 4.000 por mes, mientras que el promedio general es de $ 8.547. Esto a pesar de que las horas semanales trabajadas son similares en ambos casos.

En el caso de los empleos recientes un 62% de los mismos es precario, mientras que entre los que detentan el empleo con antigüedad mayor de dos años esta proporción baja al 27%. La precariedad es un problema mayor en el Interior que en Montevideo, según se acota. Estos datos bastan para comprender parte de la problemática que lleva a miles y miles de jóvenes a inscribirse en los llamados realizados para llenar vacantes en empresas públicas, en las cuales se ofrece sueldos decorosos ­de acuerdo a la publicidad más altos a los de la encuesta de la DNE­ y con carácter permanente, los que tienen el aditamento de la dichosa «inamovilidad», una intangible realidad que hace que los empleados públicos perduren en sus cargos sorteando crisis, directorios y cambios organizativos.

Sin lugar a dudas es un país en donde, por tradición, se ha idealizado al empleo público, pese a que este no ofrezca más que una mediocridad funcional, frustraciones personales y formas de vida que nunca superan la medianía de una sociedad todavía empobrecida. Sin embargo ­se vio durante la crisis de 2002­ quienes sufren los coletazos más agudos de las caídas del nivel de vida por distintas razones endógenas o exógenos, son generalmente los trabajadores del sector privado, que pagan con desocupación y emigración (otro mal endémico uruguayo), las consecuencias de los vaivenes inesperados en la economía.

Las empresas públicas y las oficinas estatales, de una manera u otra, en base a tarifas incrementadas y a impuestos que paga la totalidad de la población, pueden mantenerse en pie, aunque sus condiciones económicas estén al borde del derrumbe.

Estos son todos temas para reflexionar, porque la existencia futura del país está en que los podamos resolver con inteligencia y probidad. No es posible seguir teniendo un país parasitado por el empleo público, paralizado en su desarrollo, porque necesitamos crecer, modernizarnos, ampliar nuestros horizontes y no es posible que nuestros jóvenes sigan teniendo dos objetivos primordiales: el cargo público o la emigración. *