Otra vez Pinochet en el banquillo

Una decisión inesperada del juez federal argentino Juan José Galeano, suplente de la titular María Servini de Cubría, provocó ayer una amplia serie de reacciones tanto de parte de las autoridades argentinas como chilenas.

La acción del juez Galeano –y la reacción de las autoridades del gobierno argentino– muestra el cambio profundo que en materia de derechos humanos ha tenido lugar en la Argentina.

Durante el gobierno de Carlos Menen, Augusto Pinochet fue detenido en Londres.

En ese momento el presidente argentino, que se proclamaba «amigo» del tirano, hizo toda clase de gestiones para oponerse a las decisiones inglesas y a la demanda de extradición formulada desde Madrid por el juez Baltazar Garzón.

Es bien cierto que en este episodio hay una diferencia sustancial con el pedido formulado por Garzón. En este caso el crimen se cometió en la Argentina.

Ni el gobierno argentino, ni el chileno militarán en contra de la extradición. Ayer mismo el ministro del Interior chileno remitió la decisión a la Suprema Corte de Justicia de ese país.

El hecho –y las reacciones que provocó– tienen importancia sobre todo simbólica.

Tal como lo hacía notar a principios de octubre LA REPUBLICA, el hecho desencadenante de esta posición judicial es la resolución de la Cámara Federal de Buenos Aires que declaró que el crimen contra Carlos Prats y su esposa era imprescriptible, pese a que han transcurrido 26 años.

Y lo es porque se trata de un crimen de lesa humanidad. Como el de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, también asesinados en Argentina.

Tal como se perfila el trámite diplomático y judicial, es altamente improbable que Pinochet y los demás militares integrantes de lo que Galeano llama «una asociación para delinquir» sean extraditados y juzgados en la Argentina.

Y esto por una razón sencilla: después de ser despojado de sus fueros parlamentarios por la Suprema Corte chilena, Pinochet está en los umbrales de ser juzgado por el magistrado Guzmán Tapia, quien ha preparado para el ex dictador una porción de más de 170 querellas criminales.

Como se ha señalado, existe un «intríngulis diplomático» ya que es conocida la posición de la chancillería argentina contraria a las medidas judiciales de extraterritorialidad.

En este caso la pertinencia de la demanda nace del hecho que el matrimonio Prats fue asesinado en territorio argentino.

Significativamente, en el juicio que se libra en Buenos Aires ante los jueces Cubría y Galeano, el gobierno chileno es parte querellante en la causa, representado por un abogado argentino.

La voluntad de los estamentos judiciales de ambos países se inclina, de manera cada vez más manifiesta, a favor de la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia.

De parte de las administraciones se anuncia que, como corresponde pero no es habitual, no se pondrán trabas a los trámites.

Cualquiera sea el resultado de todo esto, la aspiración de verdad y justicia de las hijas del matrimonio ultimado en setiembre de 1974 se está viendo contemplada.

Para Mónica González, autora reciente de un elogiado libro sobre los crímenes de la dictadura pinochetista y corresponsal del matutino Clarín de Buenos Aires, «si bien una argucia médica podría impedir que Pinochet sea detenido y enjuiciado por el crimen de Prats, inevitable resultan las consecuencias que detona el hecho de que la Justicia argentina haya dictaminado que existen pruebas de que militares chilenos planificaron y ejecutaron el asesinato (de Prats)».