Los esbozos de la reforma del Estado

J unto con una serie de medidas incluidas en la Rendición de Cuentas que actualmente está a consideración del Senado de la República, ayer el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley de Descentralización, que también se enmarca en la llamada reforma del Estado.

Al parecer el proyecto, que todavía en sus detalles no fue dado a conocer a la prensa, incluye aspectos de regulación interna de las empresas públicas que puede tocar lo que son aspectos gerenciales y de conducción, además de la creación a nivel comunal de una nueva figura, «el alcalde», que pasaría a funcionar en las poblaciones pequeñas que hoy no cuentan con administración municipal, que actuaría como nexo entre la población y las respectivas intendencias, además de tener ­por supuesto­ cometidos propios.

En ese sentido el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, que actuó como informante, mencionó el cambio en la estructura política para que en los gobiernos departamentales se cree una tercera figura de gestión: los alcaldes. Según Rubio «ahora la situación es un poco caótica» porque en algunos lugares hay juntas locales autónomas o juntas locales, otro lugares hay dependencias similares que se llaman de otra manera. Esta nueva ley habilitará la creación de juntas locales electas por la ciudadanía y la figura del alcalde, inédita hasta ahora en el país.

Las juntas locales llevarán la autoridad directamente a cada vecino de una ciudad o pueblo del interior del país, independientemente del gobierno departamental, representado por las intendencias municipales.

A diferencia de las juntas locales, órganos pluripersonales, las alcaldías serían instituciones unipersonales, donde la autoridad de los ciudadanos se delegará a una persona: el alcalde.

En torno al tema vinculado a las empresas públicas, la información es más escueta. No se sabe qué puntos son considerados por las normas tratadas que serán enviadas en breve al Parlamento, pero se estima ­según trascendió de fuentes del gobierno­ tienen relación con la intención de reformar los cuadros gerenciales de las mismas, medidas que ya habrían comenzado a aplicarse con el cese del gerente general de UTE y el anuncio de una reorganización de otros mandos del organismo.

Parecería evidente que la resolución gubernamental tiende a solucionar el callejón sin salida planteado por la ley orgánica de estos organismos que, en contra de toda la lógica empresarial, impide la destitución de los jerarcas ya que a ellos les llega el concepto de inamovilidad. Sólo pueden ser destituidos por falta grave o por la aceptación de los mismos de la resolución de cese que adopte el directorio respectivo. De lo contrario, como en los dos casos de destituciones de gerentes generales ocurridas por estos días (en UTE y Ancap), estos siguen «enganchados» a las empresas, cobrando el mismo sueldo anterior y las compensaciones que en las empresas públicas son bastante importantes.

Aquí es que aparece uno de los problemas, quizás que se pueda calificar como uno de los vicios agudos que se viven en las empresas del Estado que les dificulta lanzarse a la competencia, porque deben sostener con sus presupuestos una cantidad de sueldos, claramente indebidos y fuera de toda lógica empresarial moderna, que las convierten en verdaderos «mastodontes» onerosos, que deben defender sus abultados presupuestos con tarifas inapropiadas para los bolsillos de los uruguayos.

Nos parece que el gobierno ha visto este problema y lo está considerando con probidad y, obviamente, lo deberá resolver con energía, respetando los derechos de los trabajadores, pero eliminando todo lo que sean privilegios indebidos.

Es evidente que el Uruguay que debemos construir entre todos así lo exige. *