Reflexionando sobre las empresas públicas

P arece evidente el intento del gobierno por poner la proa a los grupos corporativistas que se encuentran enquistados en las empresas públicas y que, lamentablemente, han logrado tener una serie de reaseguros que impiden que algunos capitostes sean lisa y llanamente despedidos, como ocurriría en cualquier otra empresa que no girara en la órbita estatal.

Como se sabe, por indicación del presidente Tabaré Vázquez y del ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, hace algunas semanas debió dejar el cargo el gerente general de Ancap, Sergio Lattanzio, destituido a consecuencia de la llamada «crisis del supergás» y que posteriormente el Directorio del ente presentó como un «adelantamiento» del proceso de reestructura en los niveles gerenciales de la empresa. Sin embargo, allí jugó el reaseguro, porque Lattanzio no se fue para su casa, luego de cobrar las compensaciones estipuladas por la ley de despidos. ¡No! En las empresas públicas para ser destituido un gerente deben existir «causas muy graves» (que en caso, había que probarlas e incluirlas dentro de los extremos que marcan las reglamentaciones) o si accede el funcionario involucrado voluntariamente a la decisión del Directorio.

Como se verá, en las empresas públicas los directorios políticos tienen las manos atadas, porque ni siquiera pueden desprenderse de sus gerentes a fin de encaminar sus políticas institucionales hacia otros rumbos. Recordemos que Lattanzio pasó a revistar como «asesor», manteniendo su sueldo, las compensaciones, etc.

Ahora el mismo problema lo tiene UTE que, al parecer, le comunicó a su gerente general, Carlos Pombo, que será relevado del cargo que ocupa desde 1992. Al parecer, UTE tiene planteada una reorganización de gerencias y, por supuesto, ello conlleva –por las razones que apuntamos– a duplicar la carga en sueldos y obligaciones, con la situación de altos jerarcas que dejarán sus cargos pero que siempre quedan atados a la empresa porque así lo establecen las legislaciones respectivas.

En el competitivo mundo de hoy, en donde las empresas deben afinar a cada hora su puntería para tratar de bajar sus costos y poder hacer frente a los desafíos del mercado, es evidente que las empresas públicas uruguayas enfrentan un handicad adverso, al multiplicar costos, por tener un personal jerárquico pasivo que ha logrado, en base a criterios corporativistas aplicados durante décadas, situaciones de privilegio que parecen irreales en las actuales circunstancias.

Cuando, por ejemplo, la telefonía celular se debe enfrentar a una despiadada competencia de precios, en que la mexicana CTI Móvil ya aplica tarifas casi un 40 por ciento más bajas que las del ente estatal, ¿cómo puede hacer Antel para achicar costos, ponerse a tiro en materia de precios y no sufrir los resultados adversos de ser la empresa que cobra los precios más altos del mercado en telefonía celular? Es difícil con una estructura corporativa tan rígida, en la que no se puedan movilizar gerentes para ganar en eficiencia. Porque si lo hace, esos gerentes, pasan a ser asesores, manteniendo su sueldo y demás beneficios. ¿Se imagina el lector qué pasaría con ese sistema de funcionamiento en una empresa privada?

¿Se da cuenta el lector, por qué, en muchas ocasiones, los uruguayos tenemos que abonar tarifas inadecuadas a nuestros bolsillos y, por qué los combustibles son comparativamente los más caros del continente?

Hace pocas horas leíamos en la revista The Economic, que Irán, que tiene problemas con sus refinerías, comenzó a importar nafta desde Venezuela, la que coloca a la venta en sus estaciones de servicio a 0,50 centavos de dólar por litro. ¿Entonces?

Comprendemos que la situación de las empresas públicas es difícil, que de un día para otro no se pueden hacer los cambios adecuados y necesarios, que hay que hacer trabajar la refinería. Pero, obviamente, habría que pensar en políticas duales que tuvieran en cuenta también al usuario que, en definitiva es el que moviliza la economía y no puede ser siempre el «paga tutti» de todo. *