El voto, un derecho de todos los uruguayos

De acuerdo con cifras actualizadas en los últimos 40 años han emigrado de nuestro país casi 500.000 compatriotas.

Si partimos de la base de que en el Uruguay habitamos aproximadamente 3.350.000 personas, el porcentaje de emigración es escalofriante.

No existe en América Latina un porcentaje similar de emigración.

Las causas han sido múltiples, fundamentalmente políticas, en el período de dictadura, y económicas siempre.

La diáspora de uruguayos en el exterior está radicada en los cinco continentes y siempre se mantuvieron, en mayor o menor medida, vínculos entre ellos, y con sus familias y amigos que viven en el país.

Los distintos gobiernos que han transitado en el poder han tenido una brutal omisión en la consideración del tema.

La supuesta ignorancia, el mirar para otro lado, el no hacerse cargo, fueron actitudes políticas conscientes. Esa es la realidad que no se puede ocultar. Durante décadas, la sociedad uruguaya se ha visto desgarrada y el poder político ha intentado tapar el sol con la mano.

En el programa de gobierno del Frente Amplio se plantea el compromiso de construir vínculos institucionales con los uruguayos emigrados, asumiendo que el país que queremos construir necesita potenciar el encuentro de todos, los de adentro de fronteras y la inmensa diáspora de uruguayos en el exterior. Para ello, una vez que asumimos el gobierno, se creó el DEPARTAMENTO 20 en la Cancillería.

El nombre de la dirección creada nos exime de mayores comentarios, pues demuestra la voluntad política del gobierno de desarrollar políticas concretas para redimensionar el concepto de Nación en la más amplia acepción de la palabra.

Con este objetivo se vienen conformando en más de 30 ciudades alrededor del mundo, los Consejos Consultivos de uruguayos en cada lugar.

Estos Consejos pretenden nuclear institucionalmente a los compatriotas dispersos por el mundo, con el objetivo de vincularlos al país en forma organizada, generando un profundo cambio en la relación con los mismos.

En diciembre del pasado año, se realizó un encuentro en Montevideo de los delegados enviados por los Consejos Consultivos de uruguayos de todo el mundo (Argentina, Brasil, España, EEUU, Australia, etc.).

Luego de dos días de intercambio y trabajo conjunto surgió una batería de planteos de carácter económico, cultural, social y político. El denominador común fue la voluntad unánime de recuperar los derechos civiles.

Cumplir en los hechos con los derechos que la constitución de la república le otorga a todos sus ciudadanos, dentro de los cuales, el derecho a elegir a los gobernantes, es, sin lugar a dudas, la expresión máxima de la democracia y del sistema republicano.

En los hechos los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior han perdido ese derecho. La ley electoral, no sólo no les permite votar, más aun, de acuerdo a la ley, se les elimina de los registros electorales a aquellos ciudadanos que no emitan su voto en dos actos eleccionarios.

Algunos, por razones de cercanía o posibilidades económicas, concurren a votar, la mayoría no puede hacerlo. No es justo que la expresión máxima de la ciudadanía quede librada a las posibilidades económicas de las personas.

Más injusto aun es que la obligatoriedad del voto que existe en nuestra normativa constitucional, no sea acompañada por una normativa que permita razonablemente ejercer ese derecho y esa obligación. En más de 70 países en el mundo, ya sea por el voto consular, el voto epistolar, u otras formas, se reconoce el derecho de los ciudadanos que residen en el exterior a participar en las elecciones que definen los gobiernos en cada país.

En América Latina, ese derecho es reconocido por todos, salvo nuestro país y Chile, aunque este último está procesando una reforma en este sentido.

Ha llegado el momento de salvar este absurdo, esta discriminación injustificada, ubicando a nuestro país –que tantas veces valoramos como de vanguardia en materia legislativa en el mundo– a la altura de otros que han sufrido la emigración y la reconocen con sentido integrador y democrático

Son tiempos de recuperar derechos para todos los uruguayos, de construcción de ciudadanía.

Demasiado dolor significa de por sí la desintegración de las familias que el exilio en todas sus formas provoca.

Dentro de pocos días la Comisión de Constitución, Legislación General y Códigos de la Cámara de Representantes decidirá sobre el proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio, sobre el voto epistolar.

Para que prospere esta ley, se necesitan mayorías especiales, dos tercios del total de votos de ambas cámaras.

Esto significa que no alcanza con la voluntad unánime de la bancada del Frente Amplio.

Hasta el momento, salvo el Diputado Jaime Trobo que comprometió públicamente su voluntad positiva para tratar el proyecto, el resto de la oposición ha tenido una actitud negativa.

La bancada del Frente Amplio ha reiterado su posición flexible para encontrar acuerdos sobre el proyecto presentado.

Esto no significa la inacción, el proyecto está para ser tratado hace bastante más de un año y es tiempo de definiciones ya que, de no tener las mayorías requeridas, buscaremos otras formas para lograrlo de acuerdo con la Constitución y las normas vigentes. En definitiva, nuestro compromiso es con la ciudadanía en su conjunto y con el programa del gobierno comprometido con la gente. *