Difícil decisión es la del equipo económico del gobierno de mantener en todo el frente económico la lucha contra la inflación, por cuanto las acciones monetarias emprendidas para abatirla significan aplacar la actividad, reduciendo el consumo por disminución de circulante, a lo que se suma un achatamiento de la cotización del dólar frente al peso. Al parecer, se han priorizado medidas de corte monetarista, todas dirigidas a reducir la demanda, sin atender la otra pata del problema, que es la producción, que si mejorara, poniéndose a la altura de las exigencias del mercado, se lograrían seguros niveles de permanente estabilidad y, posiblemente, de desarrollo.
Sin embargo, parece evidente que todavía no existen condiciones suficientes para que esto acontezca y el gobierno, por intermedio del Copom/BCU, resolvió anunciar nuevos y más altos niveles de tasas de interés, en las que haría punta el Banco de la República, para intentar sacar más dinero de la circulación en la plaza y evitar así que se salga de madre el flagelo inflacionario que tuvo un último guarismo alentador: 0,13%.
La decisión adoptada habilita al Banco Central a aplicar instrumentos que elevarán la tasa de interés y, de hecho, contribuirá a un mayor descenso del precio del dólar. La medida tiene un costo importante; monetario, porque llevar adelante una política de este tipo le cuesta dinero a la entidad bancaria rectora que ya está en rojo y porque, políticamente, a ningún gobierno le interesa deprimir el nivel de actividad contrayendo medios de pago y aumentando las tasas de interés pasivas.
Es evidente que la política contractiva que se aplicará será claramente antipopular, porque obviamente enlentecerá los ritmos de crecimiento económico, manteniendo refrenado el desarrollo de actividades que habían logrado un empuje alentador vía la incidencia del consumo interno que ahora se verá mermado con las medidas de clara astringencia del circulante.
En la situación política actual las medidas del gobierno objetivizan una necesidad fundamental en el corto plazo, evitar un desbarranque inflacionario, pero obviamente tienen un costo político y ponen al descubierto otra carencia evidente del país: la falta de los adecuados niveles de inversión para desarrollar a las empresas nacionales paralelamente a los niveles del consumo.
Por una razón u otra no es posible igualar la oferta con la demanda y, lamentablemente, se debe recurrir a medidas monetarias, para achicar la cantidad de dinero en manos de la gente, el que si se destinara al consumo, determinaría evidentemente una puja por la compra que haría subir los precios. Razonablemente se debe pensar que la acción decidida por el gobierno significa, de alguna manera, enlentecer el crecimiento, determinará también costos políticos, que sancionarán especialmente a quienes verán reducida su actividad por la falta de dinero en la calle.
Sin embargo, los caminos que quedaban abiertos eran pocos. Todavía no existe un claro interés de los empresarios para contraer deudas en el sistema financiero, porque el pasado está todavía muy fresco y las tasas de interés activas son demasiado inaccesibles, desfasadas todavía de los niveles de ganancia de las empresas. Por lo tanto, el gobierno debió desembocar en mecanismos monetaristas que, obviamente, no son los ideales, pero por lo menos por un tiempo consolidan la situación dentro de niveles manejables.
El gobierno, al igual que la selección de fútbol, en lugar de arriesgar para ganar, se contenta con empatar para seguir en carrera. *
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