Sobre la integración del Tribunal de Cuentas

D espués de muchos vaivenes, de marchas y contramarchas, parecería que el Partido Nacional, en tanto principal fuerza opositora, y el Frente Amplio que es el partido de gobierno, se encaminan hacia un acuerdo respecto de la integración de los organismos de contralor.

Recordemos que la integración actual refleja el mapa electoral surgido de las elecciones de 1994, cuando el electorado quedó dividido en tercios. Hoy la izquierda logró la mayoría absoluta, el P. Nacional el 34% y el P. Colorado un 10% aproximadamente. Desde el retorno a la normalidad institucional, el Tribunal de Cuentas de la República se integró de acuerdo con los resultados electorales: bajo la primera presidencia de Sanguinetti, el Partido Colorado tuvo la mayoría (cuatro colorados y tres blancos); bajo el gobierno de Lacalle, la mayoría fue del Partido Nacional en la misma proporción; en ninguna de estas dos administraciones el Frente Amplio estuvo representado en ese organismo de contralor. Durante la segunda administración de Sanguinetti, el P. Colorado en coalición con el P. Nacional volvió a tener la mayoría (tres colorados, dos blancos o sea cinco en siete) y se dio entrada a dos representantes de la izquierda (uno del Frente Amplio y otro del Nuevo Espacio).

Hasta entonces, razonablemente, se respetó la correlación de fuerzas. Pero bajo el gobierno del doctor Jorge Batlle ­ungido por el balotaje con el apoyo del P. Nacional­, a pesar de que el Frente Amplio había obtenido más del 40% de los votos, no se modificó la integración anterior. El TCR (y la Corte Electoral también) no sufrieron cambios en su integración desde hace 17 años. Como se advierte, nunca ha habido un TCR donde la oposición tuviera la mayoría.

Lo que resulta sorprendente ­e inadmisible­ entonces, es la condición que exige el Partido Nacional para un acuerdo en este tema: que el oficialismo quede en minoría.

El TCR es el que certifica ante el Parlamento la legalidad de las actuaciones de la Administración y la fidelidad de las cuentas públicas; por eso se dice que el TCR representa «los ojos y oídos del Parlamento». Este es el que habilita legalmente lo que la Administración puede hacer y el TCR es el que le dice al Parlamento si lo que hace la Administración está bien. Lo lógico es, pues, que el TCR guarde una relación funcional armónica con las mayorías parlamentarias (conformadas por una sola fuerza política o por una coalición). En la definición de la estructura del TCR no debe jugarse con los conceptos de oficialismo u oposición; si los partidos se mueven por estas categorías, trasladan a un organismo técnico las polémicas políticas y parlamentarias, así como ­mucho más aun­ las del poder mediático.

Dado que el TCR tiene capacidad propia para ­además de fiscalizar­ tomar iniciativa legislativa en muchos temas técnicos que hoy requieren cambios en la tortuosa gestión administrativa pública heredada, es necesario que el órgano técnico dependiente del Poder Legislativo acompañe un diálogo constructivo con las mayorías que hayan designado a sus miembros; y que éstos actúen con responsabilidad ante quienes los designaron, y no ante las autoridades partidarias.

De todo esto se desprende que es contradictorio o inconsistente pretender tener la mayoría de un organismo cuando no se cuenta en el propio Parlamento con las mayorías necesarias para considerar sus dictámenes, sus observaciones o sus propuestas; e incluso el propio presupuesto que necesita el organismo para funcionar. Todos estos temas requieren aprobación por mayoría simple parlamentaria, situación que hoy no tendría posibilidad de obtener una minoría opositora.

Por otra parte, debe entenderse que la mayoría especial para la designación de sus miembros se funda en la necesidad de lograr un adecuado control de especialidad de los eventuales designados, verificando que no tengan «tachas inhibitorias» de otro orden. Esa mayoría requerida sólo puede entenderse como garantía sobre la idoneidad del elenco que resulte designado y no buscando soluciones de suma y resta de «poder», que la historia ha demostrado como limitante para la gestión eficiente y eficaz del organismo.

No debe saltearse el sentido común respecto a que la mayoría del TCR debe ser paralela a la mayoría del Parlamento, que nació así y fue así siempre.

Esperemos que prevalezca el sentido común y que se arribe a un acuerdo que contemple todo lo expuesto en este editorial. *