Priorizar la enseñanza

El tema de los recursos para la educación ya ha generado fricciones en la interna de la fuerza política gobernante. Ante la postura inflexible del equipo económico, reacio a aumentar el gasto, el movimiento sindical –y en especial los gremios de la enseñanza–, así como legisladores de varios sectores del Frente Amplio, están reclamando más rubros para la educación a incorporar en la Rendición de Cuentas que ingresará la semana próxima al Parlamento.

Ayer se reunió la bancada de diputados del oficialismo, con el objeto de unificar posiciones, pero al cierre de esta edición nada se había informado oficialmente al respecto. Según trascendidos, los diputados frentistas –ante la versión de que el Presidente habría transmitido su intención de vetar un eventual incremento del gasto– habrían solicitado una entrevista con el mandatario.

No nos corresponde a nosotros terciar en el diferendo ni pronunciarnos sobre asunto tan delicado. No ignoramos el compromiso asumido por el Frente Amplio de llevar el gasto en educación hasta el cuatro y medio por ciento del Producto Bruto Interno en el transcurso del período. Pero tampoco ignoramos la necesidad del gobierno de observar el estricto cumplimiento de las metas macroeconómicas y de preservar el equilibrio fiscal. De otro modo, se corre el riesgo de empezar a hacer funcionar la maquinita, es decir de emitir sin respaldo y disparar así un proceso inflacionario que a nadie conviene.

También es cierto que se ha observado falta de flexibilidad de parte de otras áreas del Estado, ministerios y otros organismos, que se han negado a renunciar a ciertos planes para transferir recursos a la educación.

El panorama no es sencillo. Los funcionarios de la educación –docentes y no docentes– se habían formado razonables expectativas de mejoras salariales; también había esperanzas de que comenzara un proceso que permitiera revertir paulatinamente la realidad que vive la enseñanza pública desde hace ya demasiado tiempo; una realidad que todos conocemos, de carencias materiales acuciantes, de falta de inversión, de insuficiencia locativa, etcétera.

Porque los problemas de la enseñanza pública no se resuelven mediante el Plan Ceibal. La informática es una herramienta formidable e imprescindible en el mundo de hoy, y la posibilidad de que cada escolar cuente con un ordenador debe ser bienvenida. No obstante, la enseñanza pública uruguaya adolece de innumerables carencias y exige soluciones prioritarias que no pasan por que todos los niños dispongan de una computadora. Antes que eso, se debería, quizás, haber atendido los problemas de deserción en Secundaria, las dificultades que enfrentan los niños provenientes de hogares marginales, los ingentes esfuerzos de las maestras de escuelas de contexto social crítico, la superpoblación que exhiben muchos institutos de enseñanza, la situación de los profesores que deben multiplicarse para atender sus clases en varios liceos y con una sobrecarga horaria que conspira contra el buen desempeño docente.

El país debe mejorar la calidad de la educación que se imparte. Debe ponerse al día en los contenidos y en los métodos de enseñanza. Debe formar a los jóvenes de manera de asegurarles su ingreso al mercado laboral sin descuidar la formación integral que como individuos necesitan. Debe jerarquizar la profesión docente mediante estímulos materiales y morales.

De otro modo, nunca lograremos recuperar el nivel educativo que nos distinguió durante el siglo pasado. *