Cárceles: una solución plausible

La explosiva realidad de las cárceles en Uruguay exige urgentemente una solución, so pena de que sigan repitiéndose e incrementándose situaciones como las que hemos vivido en los último días.

El lento crecimiento demográfico y la emigración de jóvenes han hecho que la población uruguaya esté prácticamente estancada o que haya crecido en un porcentaje ínfimo. Sin embargo, las cárceles están superpobladas, y la población carcelaria se ha incrementado en un porcentaje mucho más alto. Esto es que el crecimiento de los reclusos supera en mucho al crecimiento vegetativo de la población en general.

Es este un primer dato de la realidad a tener en cuenta a la hora de abordar el grave problema. Debemos considerar que se ha producido un incremento de la actividad delictiva y, quizá, un aumento de fallos judiciales que implican la reclusión de delincuentes. Esta realidad es efecto de una profunda crisis material y moral que vive la sociedad uruguaya; una crisis que empieza con el desmantelamiento del aparato productivo, el cierre de fuentes de trabajo, el aumento del desempleo, la caída del salario real, etcétera. Todo esto trajo, a su vez, una crisis social y familiar; la ruptura del entramado social, la disgregación de la familia, la pérdida de referencias y de valores. El aumento de la delincuencia no es sino la consecuencia inevitable de dicha realidad: cuando no se pueden satisfacer las necesidades mínimas y no se han incorporado valores y normas de convivencia, la única posibilidad que se presenta es infringir las leyes y obtener por medios ilícitos los bienes que no pueden obtenerse por los medios socialmente aceptados. La marginación conduce inexorablemente a una situación límite en la que el individuo carenciado no mide las consecuencias de sus actos; sólo se maneja con sus propios parámetros y patrones de conducta surgidos de la miseria material y moral en que se halla inmerso.

Por eso es de fundamental importancia atacar las causas del incremento de la delincuencia, ir a su etiología de modo de empezar a revertir la realidad brutal. Ahora bien, mientras no se vean los efectos de esas políticas económicas, sociales y educacionales con las que se habrá de combatir el origen del delito, será menester atender la realidad y dar respuesta a la inseguridad que vive la población así como a la situación de hacinamiento y degradación de los establecimientos de reclusión. Al respecto, y como paliativo, debemos saludar la decisión del Ejecutivo de buscar locales pertenecientes al Estado que puedan adecuarse para alojar reclusos.

En su último artículo publicado en estas páginas, el diputado colorado Alberto Scavarelli –colaborador habitual de LA REPUBLICA— planteaba precisamente la solución que finalmente hizo suya el Ejecutivo. Ya desde marzo de 2003, cuando el doctor Scavarelli presidía la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, éste había sugerido la posibilidad de utilizar inmuebles ociosos o poco usados pertenecientes al Ministerio de Defensa para que fueran acondicionados como centros de reclusión.

Es una iniciativa plausible que permitiría descongestionar las cárceles a la vez que separar a los primarios (en su mayoría jóvenes) de los reincidentes de modo de evitar la habitual contaminación que se produce en las cárceles y que las convierte en escuelas del delito.

Vamos por buen camino. *