Es necesario respetar el mandato popular

Hay veces en las que hay que referirse a lo inmediato, a lo que está en la agenda pública, más allá de que estos temas inmediatos nos distraigan de otros que sean más de fondo. Es la vieja discusión entre lo estructural y lo coyuntural.

Uno de ellos es el debate actualmente instalado en la interna de nuestra fuerza política sobre si debemos derogar o anular la Ley de Caducidad. Mientras tanto, ha pasado prácticamente desapercibida la noticia, menos impactante pero no menos relevante, de que nuevamente, y por 2º año consecutivo, se ha logrado abatir el número de pobres en el país.

Reconozco la importancia que tiene la Ley de Caducidad para todos nosotros, para los uruguayos. Sobre todo en ciertos sectores políticos con lo cuales se ensañó la represión del terrorismo de Estado, y las familias de las víctimas que lo sufrieron.

Recuerdo que yo mismo salí en el año 89 a recorrer el país haciendo campaña para lograr la derogación de la misma. Y apoyo fervientemente todos los pasos dados por este gobierno en el tema de los Derechos Humanos y la reconstrucción de la memoria y la verdad históricas.

Pero así como entiendo eso, también recuerdo muy claramente que acordamos respetar el pronunciamiento popular emanado de dicho acto. El último Congreso Extraordinario del FA en el año 2003 fue muy enfático en cuanto a que de llegar al gobierno, la actuación del gobierno en materia de Derechos Humanos sería dentro del marco legal vigente en el país; incluyendo a la mencionada ley, pero interpretándola de forma correcta, haciendo cumplir su artículo 4º, y sin entrar en las «generosas» interpretaciones que otros gobiernos hicieron de la misma, convirtiéndola en una especie de ley «vale todo».

Esto como primer punto: la Ley de Caducidad no puede ni debe ser anulada o derogada por iniciativa de esta fuerza de gobierno. Tenemos un compromiso asumido con la ciudadanía, y no puede ser que para algunas cosas pretendamos cumplir a rajatabla el programa de gobierno, y para otras no.

Nosotros le pedimos el voto a la población en un solo programa de gobierno. Es el mismo programa de gobierno que compromete el 4,5% para la educación al final del mandato, el programa que dice que se va a dar prioridad a la emergencia social, y es el mismo programa de gobierno que dijo que se iba a investigar y cumplir con el artículo 4º de la Ley de Caducidad, y que no iba a haber derogación de la Ley de Caducidad.

Si eligiéramos ese camino, ciertamente seductor y de enorme trascendencia simbólica, estaríamos también comenzando a transitar un camino peligroso. Porque sentaría un precedente: primero, se hace con la Ley de Caducidad porque no nos gusta y nos opusimos; pero luego, podría ser con otro compromiso o propuesta, y ensayarse otro tipo de justificación.

Como segundo punto: resaltar que los avances que hemos logrado en estos dos años de gobierno en materia de Derechos Humanos y recuperación de la memoria, lo hemos logrado precisamente mediante la aplicación precisa de la Ley de Caducidad y sus alcances. Aplicando efectivamente su tantas veces olvidado y postergado artículo 4º, que habilita a investigar.

Y esto es algo que me interesa dejar bien claro. Nosotros no inventamos nada nuevo, ni pergeñamos una solución mágica para llegar a la verdad. Simplemente nos hemos limitado a cumplir con las reglas de juego que hemos heredado; entonces aplicamos la Ley de Caducidad en su real sentido, sin darle amplias y más que generosas interpretaciones, y hemos dejado actuar libre e independientemente al Poder Judicial.

En poco más de 24 meses de gestión del actual gobierno: se entró a excavar en los batallones y se recuperaron los restos de dos desaparecidos, la Justicia procesó a ocho ex militares y policías acusados de violar los DDHH en la forma más abyecta y repugnante a la que pueda caer la condición humana, y luego, otra fue el Poder Judicial que decidió el procesamiento de dos civiles que colaboraron activa y voluntariamente con la dictadura. Como tercer punto: nunca está de más aclarar, que mi oposición es a que nuestra fuerza política promueva la derogación o anulación de la Ley de Caducidad. No me opongo, y me parece absolutamente legítimo, que organizaciones sociales de diverso tipo realicen una campaña para lograr la derogación de la mencionada ley mediante la realización de un plebiscito.

Por tanto, reitero lo expresado a lo largo de este artículo, en el sentido de que como fuerza política en el gobierno, y que llegó al mismo basada en un programa de gobierno específico, que implica un compromiso para con la ciudadanía en general y muy particularmente con quienes nos votaron, que no debemos ni podemos tomar el atajo del camino fácil que significaría derogar o anular la Ley de Caducidad, porque estaríamos faltando a ese mismo compromiso social asumido con la ciudadanía en la campaña política, de respetar dicha norma y aplicarla en su real significado. Aun a pesar de que nos pueda resultar ingrato o incómodo.

No queda más que reafirmar, entonces, nuestro firme compromiso con reconstruir la verdad histórica, sin revanchismos de ningún tipo; pero comprendiendo sí, el dolor de los familiares de los desaparecidos y por ende, posibilitando que la Justicia actúe libre y soberanamente, en el marco del máximo respeto a las normas legales vigentes, que nuestra fuerza política asumió como un compromiso político en la campaña. *