La libertad de prensa en Venezuela

El pasado miércoles 6 la Cámara de Senadores debatió durante cuatro horas sobre el cese de la concesión de que gozaba la emisora RCTV y la no renovación del contrato respectivo por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Como era de prever, el debate trascendió el episodio concreto, los senadores blancos y colorados concentraron sus dardos sobre la figura siempre polémica del Presidente venezolano y abundaron en críticas al sistema político, al que no vacilaron en calificar de dictadura. Más allá del hecho puntual de la no renovación de la concesión de onda a una empresa televisiva, lo que blancos y colorados sentaron en el banquillo fue el gobierno de Chávez, su estilo, sus medidas populares (que ellos consideran «populistas»), su antiimperialismo, su buena relación con La Habana y, en definitiva, su intención de andar el camino hacia el socialismo.

Resulta sorprendente ver cómo se rasgan las vestiduras por una medida de gobierno perfectamente ajustada a derecho, siendo que jamás alzaron la voz para condenar la actitud pro golpista que esa misma emisora exhibió durante la crisis de abril de 2002, cuando abrazó a Carmona y se jugó descaradamente a favor de la intentona golpista. A nadie escapa el clarísimo papel desestabilizador que desempeñó Radio Caracas TV en aquellos dramáticos momentos; y no sólo entonces, sino desde la asunción de Chávez, la prédica cotidiana de la emisora pero sobre todo su curiosa manera de manipular la información la hicieron pasible de sanciones que Chávez no adoptó.

Nadie puede sensatamente sostener que el gobierno venezolano ataca la libertad de expresión pues la oposición tiene infinidad de medios para expresar –muchas veces con lenguaje soez– su odio hacia Chávez. No hubo censura ni clausura; simplemente, no se renovó el contrato de concesión y punto. Algo tan sencillo se convirtió en pretexto para lanzar la alarma por las supuestas amenazas a la libertad de prensa. Todo gobierno está en su pleno derecho de renovar o no una concesión, y en lo que concierne concretamente a la concesión de ondas de radio y televisión, hay infinidad de casos similares en países tan insospechables como EEUU, Canadá, y varios países europeos.

El asunto brinda la oportunidad de volver a reflexionar sobre el papel que desempeñan los grandes medios de comunicación. La prensa, ese famoso cuarto poder cuya función era la de controlar la gestión pública y denunciar irregularidades e iniquidades, se ha convertido –en manos de empresarios que responden al establishment– en un poder omnímodo, en un poder sin contrapoder que lo controle, lo vigile y lo frene en sus posibles desbordes. Esto ha llevado a la penosa confusión entre libertad de prensa y libertad de empresa.

En aras de la libertad de prensa, se defiende la posibilidad de que los grandes medios masivos emitan cualquier programación, tergiversen la realidad, manipulen la información, o la oculten.

Obviamente, no estamos hablando de lo que se considera opinión, esto es, la línea editorial de un medio, algo que –cuidando las formas– cada quien está en su derecho de expresar sin cortapisas. Nos referimos a la información y al derecho a la información que tienen los habitantes de un país. Y sobre todo, al derecho a que no se les retacee la información y a que no se la tergiverse. Los grandes medios venezolanos no son cuestionados por su postura crítica del gobierno, sino precisamente por haber violado sistemáticamente ese derecho a estar informado que a todo ciudadano asiste.