Reforma tributaria y control popular

En estas últimas semanas se han incrementado las especulaciones acerca de si los intermediarios cumplirán lo que dispone la ley en cuanto a la rebaja del IVA.

Este aspecto no habría que verlo ni como una sospecha generalizada, ni tampoco caer en la ingenuidad de que la mal aplicada «viveza criolla» no pueda incurrir en ese desvío.

En estos casos no hay que dudar un instante para caer con todo el peso de la ley a los infractores, para utilizar un término suave, ya que se trataría de una estafa desembozada al Estado y a la ciudadanía.

Otra realidad es el remarcaje de algunos precios.

Sobre esto deberían operar tres circunstancias desestimuladoras, a saber: el monitoreo oficial previo y posterior al 1º de julio; la competencia hecha pública hace unos días entre comercios de grandes superficies, que no contradice el avance de los grandes monopolios u oligopolios a escala nacional y mundial, sino que más bien expresa ciertas contradicciones coyunturales que apuntan a disputar espacios del mercado; y el tercer aspecto se refiere al control popular, motivo central de esta nota.

Por cierto que estoy incluyendo en el rubro «conductas inescrupulosas» aquellas que han llevado a algunos propietarios de vivienda arrendadas a elevar los alquileres al vencimiento de los contratos, no sólo absorbiendo el impuesto que deberán pagar, sino, en algunos casos, yendo más allá. Estas situaciones deberían trascender la mera relación personal entre propietarios e inquilinos.

Pero vayamos a lo que, a mi modo de ver, es lo más trascendente; el ya mencionado control popular, y algunas secuencias posibles, partiendo de la base de que no se trata de generar una «caza de brujas», sino que, por el contrario, operaría como un mecanismo preventivo frente a eventuales estafas y abusos.

En este sentido, digamos que un punto de partida será la determinación del Ministerio de Economía y la DGI de establecer un procedimiento claro para la emisión de las boletas de venta que se expidan al consumidor.

Se trata de separar claramente el precio de la mercadería con respecto al impuesto que se está cobrando. No hay ninguna duda de que esto se puede instrumentar, aunque los métodos no sean idénticos, con los comercios grandes, medianos y pequeños.

Ya no va más el «IVA incluido» que ni Mandrake es capaz de desentrañar.

Pero a la vez, estos instrumentos no deberían facilitar solamente el control de la DGI, no obstante sus evidentes progresos en el combate a la evasión.

Lo que creemos que hay que alentar además es la conformación de grupos no muy numerosos de ciudadanos, que se constituyan en capitales y localidades del Interior y en zonas de Montevideo y Canelones, que se conviertan en referentes receptores y canalizadores hacia los organismos oficiales de las eventuales transgresiones que se produzcan.

Para ello es imprescindible que las organizaciones sociales del más diverso tipo tomen la iniciativa, con la ventaja adicional de fomentar en la ciudadanía el ejercicio de una cuota parte del poder controlador, aspecto directamente vinculado con el eje de una verdadera descentralización, que si no incluye la delegación de poder, aunque sea, como en el caso, sólo parcial, queda como un término totalmente vacío de contenido. *