La insoportable hipocresía de la clase dominante
Estaba en Caracas la noche del 27 de mayo, en el inmenso teatro «Teresa Carreño», frente al Caracas Hilton, donde nos hospedamos. Esperábamos que dejara de emitir su señal RCTV (Radio Caracas Televisión) para presenciar el nacimiento de TVes (Televisora Venezolana Social), un nuevo canal que, en manos del Estado bolivariano, sustituía al más viejo canal de Venezuela. Fue un raro privilegio.
Del martes 22 y hasta el lunes 28 permanecí en Caracas, invitado por el gobierno de Venezuela. El embajador Franklin González nos dijo: «Queremos que vayan, vean y cuenten lo que vieron».
Nos entrevistaron radios y televisoras locales, fundamentalmente medios que simpatizan con el gobierno, o que son propiedad del Estado. Tenían mucha preocupación por la imagen internacional que se diera de los sucesos que se estaban viviendo. Había razones para estar preocupados. A nivel mundial los dueños de los grandes medios también están preocupados. Quieren confundir «la» libertad, con «su» libertad.
Todos los gobiernos sufren, en la medida de la profundidad de los cambios que impulsan, situaciones de enfrentamiento con los medios que representan intereses para los que esos cambios son una amenaza. Y todos los gobiernos, de izquierda o de derecha, simpatizan poco con los medios que dicen, publican, o muestran, cosas que no le gustan o que no le convienen.
La polémica se instala porque, para que haya cambios, es importante neutralizar a la oposición violenta y la crítica. El combate a la crítica se hace, fundamentalmente, gobernando bien.
Grave problema es cuando se tergiversa, desinforma o directamente se miente (que todo eso pasa). Cuando los medios sustituyen a los partidos políticos en su papel específico, el enfrentamiento es más duro y el poder obra en consecuencia. En Venezuela, con amplio apoyo popular, el poder está en manos del presidente Hugo Chávez.
Si miramos nuestro pasado reciente y el pasado un poco más lejano vemos las dificultades que ha tenido la izquierda casi imposibilidad en Uruguay para acceder a algún medio de los que tienen mayor penetración. Por poner sólo un ejemplo: de las frecuencias de radio FM, o los canales cable que otorgaron Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, nada fue a parar a manos de un frenteamplista. Todos fue adjudicado a correligionarios. ¿Qué libertad de expresión defendieron? Sólo la de ellos.
La de la izquierda nunca y es oportuno recordar el cierre del diario Época durante el pachecato o la revocación del permiso a la radio del MLN (Panamericana) cuando los sucesos del Filtro. ¿Dónde estaba la SIP en ese entonces?
En Caracas, la noche del 27 de mayo, para los partidarios del gobierno era de fiesta. Antes de medio día comenzaron la música, los bailes, el encuentro de gente que cree en el proyecto de socialismo bolivariano que está intentando «hacer posible lo que parecía imposible».
Día de «arreche» (1), para los que temen los cambios, o sienten que serán perjudicados. Día, ese y los siguientes, para armar «guarimba» (2) siempre que les fue posible.
La concesión, que le había sido renovada a RCTV por 20 años en 1987, cayó el domingo 27 a las 24 horas y pocos minutos después comenzó a emitir el nuevo canal.
Venezuela es un país inmensamente rico gracias a su renta petrolera, pero durante muchos años se instaló un sistema de apropiación de esa renta que quedó en manos de compañías extranjeras y de la oligarquía local. RCTV era parte importante, sustento ideológico del sistema. Cuando Chávez comienza a cambiar esa realidad y la renta se usa para dar asistencia, salud, educación y trabajo a las masas postergadas, viene el efímero golpe que duró dos días y luego el largo paro petrolero empresarial, que duró dos meses. Fue en 2002 y RCTV estuvo notoriamente fuera de la ley, apoyando la rebelión anticonstitucional.
Según las leyes venezolanas (y las vigentes en casi todo el mundo) es potestad del gobierno renovar o no las concesiones. Las autoridades decidieron que, para el cambio que impulsan, era conveniente usar esa potestad y darle al canal de mayor poder de penetración social otro perfil.
El sábado 26 la marcha de los «escuálidos», como llaman a los opositores, fue inmensa y pacífica. Los periodistas uruguayos la acompañamos de principio a fin, hablamos con quienes quisimos, palpamos el ambiente y escuchamos la consigna «A mí no me compró» coreada con convicción. Señalaban que sus compatriotas votan mayoritariamente a Chávez por lo que les da.
En cierto sentido es así y recogimos testimonios de gente que nos dijo: «Atienden la salud de los pobres», «nos dan educación», «nos dieron trabajo». «Nos apoyan y no ponen condiciones», dicen integrantes de varios colectivos que tienen sus radios y sus televisoras comunitarias.
Agentes de las fuerzas de seguridad, casi todos desarmados, vigilaban en grupos el transcurso de la marcha. Lucían tranquilos y cuando los increpaban duramente, si acaso pudimos ver alguna sonrisa apenas esbozada. Casi siempre inmutables, sólo se paraban firmes. Entre los efectivos había muchas mujeres. No vimos un solo altercado violento. Manifestaron con toda libertad.
Pero después, a partir del lunes, se armaron algunos líos que terminaron con varios heridos. Los tiros, hasta donde pudimos ver, partieron de la oposición.
Pero la derecha en Venezuela ha perdido la fuerza que tuvo y el mayor impacto está en la campaña mediática internacional.
Mientras estos acontecimientos discurren, en Uruguay algunos se preguntan por qué el gobierno no revisa las concesiones de la TV local. Por qué no llamar a licitación por dos canales y pasar el tercero a manos de organizaciones sociales representativas como el PIT-CNT, la Universidad y el movimiento cooperativo, por ejemplo. No estatizarlo, pero sí «socializarlo».
Y por qué no revisar la situación de las FM a lo largo y ancho del país, la de los cables…
La libertad de expresión no está asegurada con un mínimo de equilibrio. Los dueños del poder tienen en sus manos dos resortes fundamentales de dominio: el poder financiero y el mediático.
Para impulsar cambios hay que atender esta realidad. *
(1) Enojo
(2) Manifestación violenta.
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