¿Hasta cuándo?

Pocos días después de que una joven mujer fuera procesada por aborto, desde Argentina nos llega otra terrible noticia que desnuda hasta qué grado de insensibilidad e hipocresía puede llegarse en el fundamentalismo contrario a la despenalización del aborto.

El texto, que circula por Internet, cuenta lo siguiente:

Una mujer joven que vive en situación de extrema pobreza, solicita la ligadura de trompas, en razón de tener tres niños, los tres nacidos por cesárea y con grave peligro frente a un nuevo embarazo. Sin embargo, su pedido fue denegado.

Como era de esperar, al poco tiempo queda embarazada. A los tres meses de embarazo, se le detecta un cáncer, y la familia pide que se le practique un aborto terapéutico, contemplado en la legislación vigente. Nueva negativa de los médicos, lo que implica la postergación del tratamiento de quimioterapia. Resultado: la criatura muere a las 24 horas de nacer y su madre, a los pocos días.

Invocando razones morales (la preservación de la vida del feto) no se teme caer en la inmoralidad de permitir la muerte de una joven madre.

De este doloroso y lamentable asunto de la oposición a la despenalización del aborto me he ocupado en reiteradas oportunidades. Hace un año, en junio de 2006, escribí lo siguiente:

«Prefieren que todo siga como está, que se mantenga el statu quo: que algunas mujeres recurran a clínicas clandestinas atendidas por profesionales, y que otras ­la mayoría­ sigan pariendo hijos no deseados y condenados a una existencia infeliz, a menos que opten por recurrir a otros métodos abortivos o se sometan a los buenos oficios de los aborteros para pobres en pésimas condiciones de higiene. Y aunque las clases privilegiadas tengan garantías sanitarias de las que carecen las no privilegiadas, tanto unas como otras sufren la circunstancia de la clandestinidad; ambas agregan al hecho de haber tomado una decisión ingrata y dolorosa la conciencia de estar en infracción y, por tanto, la posibilidad de sufrir las consecuencias (sanitarias y penales) que el hecho conlleva.

Ahora bien, si esta última circunstancia no es óbice para que la mujer (o la pareja) que ha decidido ­por la razón que sea­ interrumpir su embarazo lo haga en las circunstancias que sean, queda claro que es nulo el supuesto efecto disuasorio de la incriminación.

Entonces, y suponiendo que el legislador que decidió penalizar el aborto haya perseguido el fin de desestimular su práctica, ¿qué fin persigue la sociedad uruguaya hoy al mantener la incriminación si ello no impide que 33 mil uruguayas promedio por año se sometan a prácticas abortivas? Obviamente, lo único que buscan quienes se oponen a la legalización del aborto es el fin expiatorio del castigo, es decir que la culpable pague por su delito pero sobre todo por su pecado».

Detrás de este fundamentalismo hay, como queda dicho al comienzo, una fuerte dosis de hipocresía. Los hombres y mujeres «bien pensantes» duermen en paz con su conciencia sin importarles las consecuencias muchas veces trágicas y siempre dolorosas de mantener una penalización absurda que no sólo no ha resuelto el problema sino que lo agrava. *