Ante el 19 de junio

Y a lo hemos dicho. Es indudable que el país ha avanzado de manera sustancial en las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Ahora sabemos mucho más de lo ocurrido que cuando terminó su investigación la llamada Comisión para la Paz.

Las excavaciones realizadas en cuarteles, chacras y otros lugares pasibles de haber sido lugares de enterramientos clandestinos, sirvieron para recuperar algunos restos y para demostrar que los oficiales militares que informaron a los mandos de las Fuerzas Armadas sobre lo ocurrido faltaron a la verdad.

La tarea de los antropólogos fue doblemente importante. En primer lugar, por haber restituido a unos pocos familiares los restos buscados desde hace años, con insistencia, lo que de alguna manera permite a algunos cerrar su duelo de décadas. Por otro, para mostrar la cobardía de quienes, amparados en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ni siquiera fueron capaces de decir la verdad sobre los enterramientos o, quizás sobre otro tema, la veracidad de la acción de camuflaje posterior a los asesinatos que significó la llamada «Operación Zanahoria».

Ahora el gobierno, por un controvertido decreto, ha resuelto instituir el próximo 19 de junio, día del natalicio de José Artigas, como la fecha en que todos los uruguayos conmemoraremos en adelante «el nunca más», ese sentimiento tan sentido por generaciones de compatriotas que no quieren que se reitere lo del pasado, cuando un Estado dictatorial, imbuido de un sentimiento mesiánico, se sintió dueño de la verdad histórica y arremetió contra todo lo que se le oponía.

Un período de dolor y sangre, de muerte, tortura y cárcel, del cual los uruguayos salimos porque en este país se cree en la democracia, se necesita vivir en ella, para desde allí ­ bien o mal ­ construir un país, en ocasiones también inhóspito, a nuestra medida, en base a gobernantes elegidos por todos nosotros.

El presidente Vázquez aclaró muy bien que este decreto, determinando el cierre de esta etapa de las investigaciones, no significa un punto final, ni tiene vinculación con ningún acuerdo poco claro con sectores todavía interesados en aquietar las aguas del pasado. Si existe una denuncia, una comprobación, un hecho, se investigará como se hizo hasta el momento. El decreto no significa un obstáculo para seguir recorriendo el camino de la verdad, ni que el gobierno entienda estar conforme con lo logrado hasta el momento. Nada de eso.

Significa el término de una etapa tras la que seguirá otra y en la que se ahondarán caminos para que la verdad y la justicia resplandezcan algún día en este país, sabiendo que estos conceptos son basamentos imprescindibles, sin los cuales una sociedad nunca puede aventar totalmente sus resquemores.

Sabemos que las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos no han visto con buenos ojos el decreto presidencial, discrepando con la oportunidad del mismo, pues estiman que todavía debe correr mucha agua bajos los puentes, deben conocerse otras verdades y, por supuesto, deben pedírseles cuentas a los militares que mintieron (si lo hicieron realmente), en el tema de los cementerios clandestinos.

Sin embargo, estas mismas organizaciones reconocen los avances que se ha tenido en materia de derechos humanos en un país que vivía en una aberrante excepcionalidad, en el cual nunca ningún protagonista de un delito de lesa humanidad (los delitos más graves del Código Penal), había sido encarcelado.

Hoy, de alguna manera, se esta haciendo justicia. Y ese reconocimiento, más allá de que sea necesario que todavía la Justicia continúe adelante su tarea, desbrozando el camino y probando cada uno de los extremos delictivos de quienes están en la cárcel, es un hecho nuevo en el país.

Y, todos debemos reconocerlo, ocurre por la actitud del gobierno que, de alguna manera, ha impulsado las investigaciones a través de los fiscales, como es su competencia, para aplicar enteramente esa Ley de Caducidad, que también sirve para acabar con la impunidad. *