En las cárceles se vive situación límite

Desde tiempos inmemoriales se han sucedido las denuncias sobre las condiciones imperantes en nuestras cárceles. Hacinamiento y falta de higiene son las características principales de nuestros establecimientos de reclusión y a ellas se deben los males que cada tanto sacuden a la opinión pública.

El reciente episodio protagonizado por un recluso tristemente célebre volvió a poner sobre la mesa el urticante problema. Ante la inminencia de su traslado al penal de Libertad, el «Pelado» trepó al techo del establecimiento de La Tablada, donde se hallaba alojado cumpliendo su condena, para reclamar mediante la amenaza de quitarse la vida que no se cumpliera el traslado mencionado en razón de que en el penal de Libertad su vida estaría en grave peligro. Con buen criterio, las autoridades carcelarias accedieron a su pedido y derivaron al reo a Cárcel Central como forma provisoria de poner su vida a salvo.

Pero el asunto no pasa por soluciones que en definitiva no son sino parches. Son frecuentes las acciones violentas ocurridas en las cárceles, algunas de las cuales tienen como resultado la muerte de reclusos, lo cual es síntoma de un mal que deberá ser atacado con prontitud por las autoridades. Con frecuencia olvidamos que los presos, no importa la gravedad del delito cometido, deben tener garantizada la salvaguarda de sus derechos humanos. Y esto, lamentablemente, no se cumple: los reclusos están expuestos a venganzas y a ajustes de cuentas; el tráfico de armas (cortes caseros o armas formales) es moneda corriente en los establecimientos penitenciarios, así como otros tráficos como el sexual, el de drogas, el de influencias, el juego clandestino, etcétera.

Estamos enfrentados a una terrible realidad. Por un lado, el aumento de la violencia delictiva ha superpoblado las cárceles, y por otro ­como consecuencia de ello­ los controles de las autoridades se vuelven impracticables, con lo que la integridad física de los reclusos corre serios riesgos.

El artículo 26 de la Constitución se ha convertido ­con la excepción de la prohibición de la pena de muerte­ en letra muerta. Aunque las autoridades no se lo propongan, las condiciones en que deben purgar su pena los infractores hacen que las cárceles se conviertan en ámbitos de mortificación que, lejos del propósito de reeducar al reo, crearle hábitos de trabajo y reinsertarlo en la sociedad, terminan de degradarlo.

Nos consta que esta situación carcelaria preocupa seriamente a las autoridades de gobierno en general y a las del Ministerio del Interior, del que dependen los establecimientos de reclusión en particular.

Sabemos de los esfuerzos que realiza el comisionado parlamentario, apoyado por patronatos varios y por ONG; sabemos del proyecto de que las cárceles vuelvan a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura; y también resaltamos las medidas que se han tomado para ir paliando la situación, así como loables emprendimientos aislados en determinados establecimientos que apuntan a dignificar al delincuente.

Sin embargo, con eso no alcanza. Entendemos que no está de más volver a plantear la urgencia que la solución del problema exige.

Mientras no se tomen medidas de fondo, las cárceles seguirán siendo depósitos de infractores y escuelas de delincuentes. *