El acostumbramiento al mal uso del Estado

Alguien dijo alguna vez que «cuando un vicio social se hace inextirpable lo mejor que puede hacerse es llamarlo tradición».

Obviamente no estamos en contra de las tradiciones, pero sí es importante para quienes consideramos imprescindible transitar un camino de cambios profundos en el país, el no acostumbrarnos a esa lamentable definición que se aferra a considerar las malas prácticas como algo natural.

Y es que «esas» costumbres nos han llevado a que, en apenas dos años de este gobierno, los uruguayos hayamos tenido que asumir, muchas veces, y en diversos temas, graves perjuicios en contra del Estado como consecuencia de la falta de responsabilidad y celo en el cuidado de la administración de múltiples entes y reparticiones públicas, por parte de quienes fueron designados políticamente para ejercer la dirección de esas instituciones.

La comisión investigadora parlamentaria abunda, lamentablemente, en ejemplos de ese tipo. (Banco Hipotecario, Antel, etc.) Pero lo más asombroso es que, en más de una oportunidad, al tratarse estas situaciones, algunos actores políticos, blancos y colorados, al referirse al tema, lo hicieron mostrándose casi agraviados o asombrados de que alguien pueda objetar o pedir responsabilidad ante actuaciones y despilfarros muchas veces millonarios. Argumentos tan contundentes como, «eso toda la vida se hizo así», dicho sin el más mínimo atisbo de culpa o autocrítica, ocultando en el fondo algo peor: El acostumbramiento a manejar los bienes y fondos del Estado (o sea de todos) como si fueran propiedad del o los partidos que gobernaron este país.

Y esas son las cosas que debemos y tenemos que cambiar de raíz.

A lo hecho (por algunos)… el Pecho (de todos)

Tiempos de cambio, de alegrías y dolores de crecimiento. Porque al comenzar a transitar y profundizar en los cambios que propusimos al electorado, este gobierno ha tenido, en paralelo, que analizar responsabilidades anteriores y hacerse cargo de solucionar y regularizar problemas complejos derivados de actuaciones irresponsables que se fueron acumulando por décadas.

Son innumerables los problemas y conflictos que surgen, porque cuando se encara ordenar y encausar ese descalabro, emergen como consecuencia lógica, todo un nivel de desastre que puede llevar a confusiones en cuanto a las causas reales de los mismos.

A modo de ejemplo, en estos días, y con una abundante cobertura de prensa, está en el tapete la situación planteada en Antel. No es nuestra intención en este artículo entrar en el análisis del mismo, al que apostamos se pueda encausar y solucionar en el camino del diálogo. Lo que queremos es usar esta situación para graficar, en un par de renglones, lo que venimos esbozando como concepto central de la nota.

Vamos a citar a tal efecto un punto de informe del Tribunal de Cuentas, referido a este tema, en el análisis del balance de Antel del año 2004: fleteros, agentes telefónicos, y guardahilos y zafrales

En Antel desempeñan funciones 264 fleteros, 338 agentes telefónicos, 225 agentes guardahilos urbanos, y 324 contratados zafrales que fueron designados en forma directa. Los mismos ingresaron a partir de los años 1978, 1967, 1970 y 1981 respectivamente.

En todos los casos se verificó inexistencia de procedimientos de contratación previstos legalmente, ya que no se constató en ningún caso proceso licitatorio ni la invocación de causales de excepción determinados en el Artículo 33 del Tocaf.

Estas contrataciones suponen un ingreso a la función pública contraviniendo lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 16.127.

Del análisis de las partidas percibidas por el personal contratado, se observan entre otras, el pago de aguinaldo y aportes a la Caja Civil cuya naturaleza salarial sería asimilable a la de los funcionarios de Antel».

Durante años no sólo no se regularizaron estas situaciones sino que se profundizaron con nuevos contratos con los mismos vicios de forma y de fondo.

¡A no tener miedos y….

… a profundizar la democracia!

Las líneas anteriores nos eximen de mayores comentarios en cuanto al cúmulo de desprolijidades históricas en el manejo del Estado.

A modo de ejemplo, hoy Antel, que pretende regularizar las situaciones heredadas, es objeto de más de un centenar de juicios de los agentes guardahilos por una cifra millonaria en dólares.

Pero ante ello tenemos que posicionarnos desde el feliz desafío de transformar el futuro.

Porque profundizar la democracia también es:

Abolir definitivamente la recomendación política para acceder a un trabajo o a un contrato con el Estado.

Respetar los derechos del trabajo, partiendo de situaciones límpidas y transparentes en los llamados a concursos, contrataciones, etc.

Evitar que generaciones posteriores deban hacerse cargo de millonarios juicios por la irresponsabilidad de unos pocos.

Administrar los bienes de todos con más celo que los propios.

Todo ello es posible. Son tiempos de crecimiento. De ordenar y encauzar. Y sobre todo de profundizar los cambios que nos lleven a un país en donde el «esto está mal pero siempre se hizo así», termine para siempre.

Ese es el gran desafío. Y entre todos lo vamos a lograr. *